A raíz de las declaraciones de la Secretaria de Salud, Mercedes Juan López, en las que aseguró hoy que más de la mitad del presupuesto en este sector es para combatir los efectos de la obesidad, la organización civil El Poder del Consumidor (EPC) reiteró que el problema de las autoridades es la falta de esfuerzo de prevención y la priorización de las empresas refresqueras y alimentos chatarra por encima de la salud de las personas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, el 70 por ciento de los mexicanos padece sobrepeso u obesidad. Y mientras que en el 2006, el 14 por ciento de los adultos mayores de 20 años tenía diabetes, para el 2010 el problema se iba a agraviar al punto de las estimaciones establecieron que uno de cada 10 nacidos iba desarrollar la enfermedad, de acuerdo con información de EPC.
Durante su participación en el Foro “Moviendo tu Salud”, que se realizó en la Universidad Anáhuac, Mercedes Juan indicó que ya más de la mitad de los recursos del sector salud, que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación es de 134 mil 847.6 millones de pesos, van para atender la obesidad y sus complicaciones.
“No hay recursos que alcancen en el sector público ni en el sector privado para poder atender las enfermedades crónicas no transmisibles, solamente el tema de la obesidad nos lleva más de la mitad de los recursos del sector pública en materia de salud”, dijo Mercedes Juan López.
La organización EPC estuvo de acuerdo con la insuficiencia de recursos, pero recalcó que el problema es que las autoridades siguen pensando en paliar los efectos y no en reforzar una estrategia de prevención del sobrepeso y la obesidad.
“Está [la prevención] muy rezagada, ineficiente, desarticulado, y eso debería de llevar a una política de aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas que es el principal daño”, dijo Alejandro Calvillo Unna, director de EPC, quien agregó que la industria de refrescos ha tomado las decisiones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Actualmente, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) grava un peso por litro, lo que por precio promedio de las bebidas azucaradas equivale al 10 por ciento.
Esta medida que inició en el 2014, con la implementación de la reforma fiscal conllevó a la reducción del 6 por ciento en el consumo de refrescos, de acuerdo con datos del Universidad de Carolina del Norte y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) dados a conocer en junio.
Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes. La Alianza por la Salud (ASA) compuesta por distintas organizaciones civiles, expresó al conocer estos resultados que el Gobierno debería duplicar el impuesto, de tal forma que grave el 20 por ciento, para obtener mayor alcance de este logro en la reducción del consumo.
De acuerdo con el EPC, estas medidas de prevención deben ser integrales, y habría que, por ejemplo, quitar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al agua embotellada, política que repercutiría en un millón 100 mil puntos de venta de agua y refrescos que hay en México.
“Que tú vayas y a lo mejor encuentres medio litro de agua en cuatro pesos y el refresco en ocho pesos, entonces ahí sí vamos a tener resultados mejores”, opinó Alejandro Calvillo.
El director recalcó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido benévolo con las empresas refresqueras que controlan gran parte del mercado del agua embotellada, ya que el presidente tiene potestad constitucional para imponer un control en los precios del agua.
Por otra parte, el etiquetado de los refrescos y alimentos chatarra carece de la claridad necesaria.
El año pasado la Cofepris decidió cambiar la leyenda en el nuevo etiquetado que decía “% de nutrimentos diarios recomendados” a “% de nutrimentos diarios”, lo que de acuerdo con las organizaciones de la ASA invierte el sentido de la recomendación, ya que las personas, dependiendo del porcentaje del producto, estiman que deben seguir consumiendo para llegar al 100 por ciento de nutrimentos.
“El etiquetado que tenemos no inhibe el consumo de estos productos, sino puede promoverlo porque no advierte de sus grandes cantidades de azúcar, incluso lo promueven como un nutrimiento diario”, explicó Calvillo.
Además, a pesar de que existen recursos su efectividad no es la mejor debido a la mala administración que maneja el Estado.
Entre el 2004 y el 2013 el gasto público total en salud pasó de 231 mil millones de pesos a 524 mil millones esto es un incremento de 58 por ciento en términos reales, de acuerdo con cálculos la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que agrupa varias organizaciones civiles.
Siguiendo esos datos, durante ese mismo periodo el incremento fue de más del doble para quienes no tienen seguro social, 114 por ciento, y el número de unidades de salud se incrementó sólo 14 por ciento; el número de establecimientos con servicios de hospitalización 23 por ciento y el número de camas en hospitales 13 por ciento.
“Estos aumentos son una proporción relativamente pequeña, el sistema de salud está fragmentado. Algunos de los síntomas de esta mala distribución o circulación de recursos se pueden ver en las colas y la dilatación en la atención para los pacientes”, dijo Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, durante su intervención en una conferencia de prensa organizada por dicha iniciativa la semana pasada.
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