La mayoría de los internos que están en los centros federales de readaptación social están privados de su libertad sin que se resuelva si son culpables o inocentes, situación que es más común en los penales de máxima seguridad.
Al primero de mayo de 2015, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social informó que el total de la población en los 16 centros era de 24 mil 972 personas, de las cuales 11 mil 17 cumplían con alguna condena.
En cambio, 13 mil 955 presos estaban sujetos a proceso penal en espera de que el juez les dicte sentencia condenatoria o absolutoria. Es decir, el 55.8 % de los reos están en espera de que sea resuelta su situación jurídica, de acuerdo con los datos obtenidos por 24 HORAS a través de una solicitud de información.
Para Luis González Plascencia, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, este fenómeno se debe a que el proceso de detención de los presuntos delincuentes es más veloz que la sentencias, a pesar de que la justicia debería ser pronta y expedita, ya que las personas tienen derecho a recibir sentencia lo antes posible.
“Cuando se crearon esos penales (de máxima seguridad) en los 90, se consideró que estos fueran paracondenados; es decir que no hubiera lugar para gente que estuviera bajo proceso, o que hubiera los mínimos casos para evitar que se abriera una puerta a la inseguridad.
“La realidad penitenciaria en el País es que va mucho más rápido el proceso de detenciones que pone un número importante bajo proceso que el de las sentencias. Hay una gran cantidad de gente que está privada de su libertad y que no ha obtenido condena”, afirmó en entrevista González Plasencia.
La capacidad máxima de los cinco reclusorios federales de máxima seguridad es para resguardar a 7 mil 35 internos, pero hay 10 mil 628.
La diferencia es de 3 mil 593 personas de las cuales sólo mil 499 cumplen condena y 9 mil 129 esperan sentencia, lo que significa que el 85.8% de los acusados que están en dichos centros no saben si jurídicamente son culpables o inocentes.
“Sucede también que algunas de las personas que están en estos penales están por delitos relacionados con delincuencia organizada, a veces varios delitos, y pasa que reciben condena sobre unos delitos (tal vez absolutoria), pero siguen pendientes los demás procesos.
“En el caso de la delincuencia organizada se considera pertinente, como medida cautelar, la prisión preventiva por el poder económico que tienen las personas involucradas con este delito y el poder político que también pueden llegar a ejercer”, sentenció González Plascencia.
Información de 24HORAS