El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, ofreció una “sentida disculpa” a la sociedad por los “reprobables actos” que se muestran en un video en el que aparecen militares maltratando a una mujer, ocurridos en febrero de 2015, y exhortó a las Fuerzas Armadas a no permitir estos hechos y estas decisiones individuales, irracionales
y equivocadas.
Hizo hincapié en que luego de los hechos ocurridos el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, se actuó sin dilación, con prontitud y contundencia a partir de conocerse el hecho, llevando ante los tribunales militares a los implicados.
Que en cumplimiento a las determinaciones judiciales y legislativas, se dio intervención al Ministerio Público de la Federación, por lo que respecta a los delitos cometidos contra civiles.
El general se refirió al video donde aparece una mujer descalza y sobre el piso, que llora y grita, mientras una soldado apunta un arma sobre su cabeza. Más tarde, un agente de la Policía Federal le esposa las manos para luego asfixiarla con una bolsa de plástico, mientras la militar le hace preguntas sobre el paradero de otra persona de nombre María.
Tras la aparición del video, la Sedena reconoció el caso de tortura de dos de sus efectivos contra una civil.
A la par, la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad anunciaron el pasado viernes el inicio de investigaciones por la probable responsabilidad de dos integrantes del Ejército y uno de la Policía Federal por dicho caso.
La Sedena señaló que se enteró de las acciones que se muestran en el video, difundido el jueves redes sociales, el 10 de diciembre 2015. Inmediatamente, decidió notificarle al agente del Ministerio Público Militar, quien, a su vez, integró la averiguación previa correspondiente a fin de reunir los elementos de prueba para ejercer acción legal en contra del personal involucrado.
El 4 de enero de 2016, se dio vista y desglose de la averiguación previa a la PGR, para que, en el ámbito de su competencia, determine la responsabilidad en cuanto a las afectaciones a la civil.
El 5 de enero de 2016, la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentó la orden de aprehensión a un capitán y a una soldado de la Policía Militar como presuntos responsables del delito de desobediencia. A la fecha, el oficial y la elemento de tropa, están internados en la prisión militar, habiéndoseles dictado auto de formal prisión el 11 de enero pasado.