Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación (SG) dio a conocer que tras los foros realizados desde abril con colectivos presentarán este lunes, 30 propuestas de modificaciones a 23 artículos de la iniciativa que envió en marzo la presidenta Claudia Sheinbaum reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En la sede de la dependencia federal, la titular de la SG, Rosa Icela Rodríguez Velázquez encabezó la presentación de los avances de los encuentros con 450 colectivos, a lo largo de 84 mesas de atención a los que acudieron mil 42 asistentes. En total, la dependencia recabó 570 propuestas legislativas y de políticas públicas sistematizadas por parte de las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y sectores religiosos que acudieron.
Recalcó que atender este tema se trata de “una prioridad nacional”, ya que “la visibilización de problemáticas de las personas víctimas es necesaria para asegurar el avance a la justicia y prevenir la impunidad, así como para el diseño de política pública y crear conciencia social”, y refirió que la presidenta Claudia Sheinbaum “instruyó a atender, como prioridad del gobierno de México la búsqueda, localización e identificación de personas”.
A la reunión acudió el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Arturo Medina; la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy; la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra; la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, y la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez, entre otros.
Tras expresar su “más sincero reconocimiento a las víctimas de estos lamentables hechos”, Rodríguez Velázquez señaló su “compromiso para avanzar, hombro a hombro, para atender el profundo dolor. Se los digo como secretaria de Gobernación, pero también como madre y como abuela».
“Les respetamos, no nos es ajeno su dolor, sus preocupaciones, sus demandas y su lucha ante las desafortunadas situaciones y tragedias que han atravesado. Nos platican que no solamente sufren por la falta, ausencia de sus seres queridos, sino también por las omisiones y maltratos de malos servidores públicos. Estamos comprometidas y trabajando para que esto no se repita”.
Al apuntar que se ha avanzado de la mano de las familias, reconoció que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero “no se trata de una promesa vacía, sino de cumplir con la obligación que tenemos todas las autoridades del país”.
A la vez, llamó a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno “para que cumplan con la responsabilidad que les corresponde, respetando en todo momento la dignidad de las personas buscadoras. Y aprovecho también para mandar un mensaje respetuoso al Congreso de la Unión. Estas reformas no son solo de este gobierno. Reflejan los diálogos y, en muchos casos, los acuerdos con la mayoría de las familias”.
El subsecretario Arturo Medina explicó que entre los 30 cambios que planteará hoy el gobierno federal al Congreso de la Unión, se encuentra implementar acciones de bienestar integral, con énfasis en hijos e hijas de personas desaparecidas.
Además, se definirá que los protocolos deberán incluir planes de seguridad y protección para las familias; que toda autoridad que reciba un reporte de desaparición debe registrarlo de inmediato y las fiscalías completar sin demora el registro, así como ordenar diligencias y entregar el número de carpeta a familiares, y se sanciona la omisión de iniciar la investigación.
Se creará una “Plataforma Única de Identidad segura y confiable”, con la que se conoceré quién entra y a quién se busca, pero con datos estarán protegidos. “Cualquier abuso será una falta grave”, explicó.
De igual forma, el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá dar acceso a sus bases de datos a fiscalías, previo convenio; todas las autoridades competentes podrán hacer investigaciones;
se obliga a todas las instituciones con resguardo de cuerpos de personas fallecidas o restos humanos a asegurar su trato y resguardo digno, y mantener registros actualizados, y se establece la realización de pruebas genéticas y dactiloscópicas de oficio antes de remitir restos a fosas comunes, individualizadas o lugares de resguardo.
También, se detallan los procedimientos para garantizar la identificación y disposición adecuada de restos no reclamados; se elimina el artículo 23 Bis propuesto originalmente, que prevenía la duplicidad de investigaciones, y se obliga a la Comisión Nacional de Búsqueda a emitir el Protocolo para la activación de la Alerta.
La Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo insistió que el tema “está clasificado como un asunto prioritario” y al garantizar que no hubo “ninguna simulación”, dijo que se atendieron con ello los planteamientos de las víctimas, en busca de que el Congreso de la Unión pueda debatir la iniciativa con sus modificaciones en el periodo extraordinario de sesiones que comenzó este día.
Source: Mexico