El senador Benjamín Robles Montoya advirtió que existe “un evidente rezago en materia de seguridad pública municipal” y a pesar de los recursos que se destinan para atender este problema se carece de acciones eficaces para enfrentarlo.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el impacto del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) en la disminución de la incidencia delictiva.
Por más de 13 años, expuso Robles Montoya, México ha sufrido una andanada de violencia cada vez más cruenta por parte del crimen organizado, el cual ha penetrado de forma importante este nivel de gobierno.
“Si es evidente el grave deterioro en la materia que presentan muchos municipios de nuestro país, en donde las instituciones de seguridad pública correspondientes en algunos casos prácticamente han desaparecido, es menester tener conocimiento del ejercicio de los recursos destinados a este subsidio federal”, consideró.
A fin de fortalecer los cuerpos de seguridad en las localidades, agregó, cada año se destinan recursos para el Subsemun, con el objetivo fundamental de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Dichos recursos, precisó, tienen como propósito fundamental, según lo establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y delegaciones del Distrito Federal; mejorar la infraestructura de las corporaciones; y aplicar políticas públicas para el desarrollo de la prevención social del delito.
En el documento que se turnó a la Primera Comisión de la Permanente, Benjamín Robles Montoya refirió que a partir de este fundamento, en 2014 se destinaron 4 mil 733 millones 26 mil 525 pesos al Subsidio en mención, y 4 mil 893 millones 949 mil 427 pesos para este 2015.
El senador por Oaxaca destacó que en este año sólo se destinaron recursos del Subsemun para 280 municipios, a partir de tres criterios: población; incidencia delictiva; cobertura a destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados, así como a grupos de municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por demarcaciones con altos índices delincuenciales.
Agregó que también pueden establecerse “otros criterios” y se deja abierta la posibilidad de incorporar otros factores para que estos recursos públicos tengan una cobertura con un mayor grado de integración y permita una acción más efectiva contra la delincuencia, lo que debe ser revisado por el gobierno y el mismo Congreso.