El zócalo de Iguala amaneció tapizado de mensajes en los que se acusa al Ejército de proteger a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo, presunto líder de la banda Los Peques o Tilos, supuestamente al servicio del grupo criminal Guerreros Unidos y acusado de participar en la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
En las mantas también aparece el supuesto rostro de Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky, señalado como brazo ejecutor de Benítez Palacios y acusado por el gobierno federal de ser pieza clave en el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con fuentes oficiales, se trata de una respuesta a las narcomantas que hace dos días fueron colocadas en varios puntos de Iguala, en las que el dirigente transportista Victórico Martínez López fue vinculado con Guerreros Unidos y acusado de sobornar a las policías Federal y Ministerial a cambio de impunidad.
Es consecuencia de una lucha intestina entre miembros de la organización criminal por el control de la estructura que opera en los municipios de Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y Huitzuco, destacaron las mismas fuentes, y advirtieron que se recrudecerá la violencia en la Zona Norte de la entidad.
El mensaje colocado esta mañana en postes de alumbrado público y en diversas fachadas de negocios ubicados sobre las principales calles del primer cuadro de la ciudad de Iguala está dirigido a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo; Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky; Eruviel Salado Chávez, exdirector de Seguridad Pública de Taxco, y un sujeto identificado como Soroa, supuesto representante de las personas que se dedican a montar toros en jaripeos.
Los cuatro son señalados como miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y acusados de participar en la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero también de la violencia que actualmente se vive en la zona Norte de la entidad.
El mensaje refiere que la esposa de El Tilo es sobrina de “un alto mando del Ejército”, y a pesar de que el gobierno federal ha desarticulado parte de la banda de Los Peques, apunta, éstos siguen operando impunemente “con mayor violencia”.
Sobre Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky, cuyo supuesto rostro aparece en los mensajes, destaca que sigue activo como brazo ejecutor de la banda.
De igual manera, resalta que el exjefe de la policía de Taxco, Eruviel Salado, forma parte de la organización criminal junto con otros 12 agentes de la misma corporación, actualmente bajo el mando de la Policía Federal. Los inculpados siguen en activo y desempeñando labores de seguridad, según el texto impreso en hojas blancas.
Desde el año pasado el exalcalde taxqueño y actual diputado federal priista, Salomón Majul, así como el empresario Federico Figueroa y el jefe policiaco Eruviel Salado, han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con Guerreros Unidos.
En los narcomensajes también se acusa a Soroa como responsable de las extorsiones y secuestros en los municipios de Tepecoacuilco y Huitzuco. Esta persona supuestamente es compadre de Alejandro Benítez Palacios, El Cholo, hermano de Víctor Benítez y miembro del clan de Los Peques, quien recientemente fue detenido por el gobierno federal acusado de secuestro y extorsión.
Se menciona también el caso de Marco León Meléndez, quien a principios de mes resultó herido durante un operativo instrumentado por policías federales para detenerlo, pero el joven de 22 años logró escapar.
Según el texto, León Meléndez forma parte de la banda Los Peques y su tío Ignacio Meléndez opera desde el penal de Tuxpan, Veracruz, donde se encuentra preso.
Desde octubre de 2014, la agencia Apro dio a conocer que el gobierno federal tenía conocimiento de que los integrantes de la banda Los Peques, al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos, mantiene el control del narcomenudeo en Iguala, de donde hace 15 meses desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Informes oficiales consultados en ese entonces indican que después de esa tragedia, el grupo de gavilleros salió de la ciudad con el respaldo de autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército, y se refugiaron en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri.
Proceso