Senadores del PRI, PAN y PRD advirtieron que las autoridades y la clase política deben evitar el crecimiento del mercado de la guerra sucia, porque seguir con esa dinámica puede convertir el 2018 en un terreno de golpes bajos y no de propuestas.
Miguel Ángel Chico Herrera, del PRI; Héctor Larios, del PAN, y Alejandro Encinas, del PRD, coincidieron en que las autoridades deben investigar y encarcelar a Carlos Alberto Benítez Cruz, porque sus actividades parten de ilícitos que son castigados por las leyes.
Excélsior informó ayer que Benítez Cruz buscó a senadores y diputados federales para venderles videos, audios y fotografías para guerra sucia, con precios de 30 mil a 100 mil pesos, e incluso con la posibilidad de hacer ese trabajo por encargo.
Chico Herrera alertó que no puede permitirse que la guerra sucia en las campañas electorales se convierta en un modo de vivir para quien espía a políticos: “Si no se pone un alto a esta dinámica vamos a vivir en 2018 unas elecciones de golpes bajos, una guerra de lodo en donde el escenario será de golpes bajos y no de propuestas”.
Consideró que si bien se trata de una acción de autoridad llevar a la cárcel a quienes espían a los políticos y luego venden esas grabaciones y fotos, también puede reforzarse la ley para castigar con mayor severidad estas acciones.
Conminó a las autoridades a no dejar en la impunidad esos casos.
A su vez, Héctor Larios afirmó que mientras haya quien esté dispuesto a pagar por esas filtraciones será muy difícil detener la guerra sucia.
“Hoy ustedes hacen este reportaje que acredita en los hechos lo que sucede, pero el problema es que se sigue haciendo y el hecho de legislarlo no creo que vaya a detenerlo. Lo que se necesita es una convicción, particularmente del PRI, que es el que mayormente usa estas cosas.
“Creo que desde el gobierno se ha impulsado esto. Se ha dicho prácticamente de todos nuestros candidatos que son narcotraficantes y han sembrado dudas. Es un tema que se promueve desde el propio gobierno y resulta muy difícil imaginar que porque se legisla de manera más severa va a dejar de utilizarse”, dijo.
Alejandro Encinas recordó que “el negocio de la guerra sucia ya existe y lo conocemos desde hace muchas elecciones. Toda la guerra sucia del 2006 contó con el patrocinio y la intervención de empresas que se dedicaban a hacer ese tipo de trabajo; diseñar campañas para desacreditar a un candidato y esto con plena impunidad, porque la autoridad electoral fue omisa”.
Dijo que quien tiene que tomar cartas en el asunto es la PGR, porque se trata de delitos de carácter federal y se persiguen de oficio.
“Este caso muestra que la procuración de justicia ha fallado en todos los ámbitos, porque aquí es flagrante la comisión de un delito”, añadió.