Casi la mitad de las universidades públicas en México operan con números rojos.
No hay dinero que les alcance. Se han convertido en “barriles sin fondo” de los recursos públicos federales.
Prueba de ello es que al menos 15 de las 34 universidades públicas estatales que operan en el país reciben fondos extraordinarios para el “saneamiento financiero” que les permita seguir en operación.
De acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), solo en el 2015, la federación aportó recursos adicionales por más de 2 mil 146 millones de pesos, para solventar deficiencias presupuestarias de las universidades estatales de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad Juárez, Guerrero, Hidalgo, Guadalajara, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.
Esa cantidad es casi similar al presupuesto regular otorgado por el Gobierno Federal, que en el 2014 fue de 2 mil 236 millones 853 mil 200 pesos para las 34 Universidades Públicas Estatales, 9 Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario, 3 Universidades Interculturales, 18 Universidades Politécnicas y 62 Universidades Tecnológicas.
Para las universidades rescatadas financieramente -no fue suficiente el monto inicial asignado que osciló entre los 2 mil 650 millones y los 5 mil 900 millones de pesos- la mayoría de esos fondos salieron de los propios gobiernos estatales y se destinaron íntegramente al pago de nóminas, contratación de servicios o ejecución de obras que no se clarificaron en los informes entregados a la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
La opacidad con la que se manejan las instituciones públicas de educación superior en nuestro país, también salta a la vista en el informe de revisión de la cuenta pública del 2014, elaborado por la ASF, en donde se hacen serios señalamientos de malos manejos financieros a las principales universidades.
Pero no solo es la opacidad en el manejo de los fondos económicos asignados lo que levanta las sospechas de corrupción al interior de la mayoría de las universidades públicas del país.
Falta transparencia
De acuerdo a la ASF, tras la revisión de la cuenta de gastos del 2014, la mayoría de las universidades públicas que recibieron de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los subsidios económicos para que se conservara la acreditación de sus programas educativos de calidad, fueron sancionadas con observaciones.
La totalidad de esas observaciones tiene que ver con la falta de transparencia en el manejo de los fondos federales.
Si bien es cierto que la mayoría de las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador en torno a la falta de claridad en el manejo del dinero federal fueron subsanadas al momento de las auditorias, al término de la revisión de los recursos económicos se hicieron seis observaciones graves que generaron igual número de “recomendaciones al desempeño”.
Con los fondos otorgados por la federación, en el 2014 las universidades públicas del país estuvieron en condiciones de incluir a 991 mil 891 alumnos en 2 mil 433 programas educativos acreditados como de calidad, alumnos que en su mayoría no cumplieron con el tiempo oficial de clases marcado en el calendario oficial de actividades de la SEP, a causa de los paros laborales en casi la mitad de las universidades públicas.
Con presupuestos “parchados”, recortes en los planes de estudio, amagos constantes de huelgas y paros laborales por los sindicatos universitarios, durante el 2014, según reporta la ASF, la SEP aprobó mil 895 de los 2 mil 100 proyectos educativos presentados por las Instituciones de Educación Superior para formar nuevos profesionistas.
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