Ciudad de México. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha presentado 28 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y alista 3 mil 380 carpetas de investigación por “corrupción y conflictos de interés” en contra de desarrolladores, constructoras, notarios públicos, ex funcionarios del instituto y coyotes, que despojaron de su patrimonio a más de 200 mil derechohabientes.
Así lo reveló Octavio Romero Oropeza, quien se convirtió en el primer director del Infonavit en presidir una Asamblea General con derecho de voz y voto. Con ello se da inicio a una nueva etapa en el seno del organismo y se dejan atrás décadas en las que se “desvirtuó el verdadero espíritu del tripartismo” por parte de actores que hicieron “negocios privados” a costa de los acreditados.
En la 133 sesión ordinaria que se realizó este miércoles se designó a los 30 miembros de la Asamblea General; 12 del Consejo de Administración; nueve de la Comisión de Vigilancia, y tres del Comité de Auditoría.
El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, tomó protesta a los integrantes de estos órganos colegiados, los cuales estarán conformados de manera tripartita por representantes del sector gobierno, de los trabajadores y empresarios.
Ante asambleístas representantes de los sectores obrero y patronal, Romero Oropeza señaló que debido a las “alianzas corruptas” entre autoridades y funcionarios de administraciones anteriores, en complicidad con despachos, constructoras y otros actores, permitieron que se otorgaran múltiples créditos para una misma vivienda, “dieron lugar a las ventas sucesivas” de inmuebles.
También, producto del contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales estatales y notarías, se demandó a más de 373 mil derechohabientes, quienes sin ser notificados fueron despojados de su patrimonio por medio de juicios masivos ilegales.
Esta estrategia de despojo le costó a los trabajadores más de 29 mil millones de pesos, apuntó.
El director del Infonavit indicó además que le adeudan al instituto más de 2 mil millones de pesos por entregar vivienda de mala calidad o que no entregaron. Dijo que las constructoras hicieron “mal uso” de la Línea III de crédito.
Romero Oropeza recordó el caso de la empresa Telra Realty, contratada para diseñar una plataforma de soluciones de vivienda, pero que incumplió con el contrato de 100 millones de pesos, y en lugar de ser penalizada, recibió por autorización del Consejo de Administración, una indemnización por 5 mil millones de pesos.
“Lo anterior desvirtuó el verdadero espíritu del tripartismo y dio paso a la utilización del Infonavit para satisfacer intereses económicos particulares al amparo del supuesto consenso entre los tres sectores que lo integran”, subrayó.
Al presentar un balance de los primeros cinco meses de su administración, resaltó que es prioritario cumplir con el objetivo de construir un millón de viviendas y anunció que la empresa Infonavit Constructora “entrará en operación formal en los próximos días”. En este sentido, mencionó que en abril se construirán las primeras 20 mil viviendas.
A diferencia de ediciones anteriores, en esta sesión de la asamblea general no hubo posicionamiento de las representaciones de los empleadores y trabajadores, y únicamente habló el director del Infonavit.
Sin embargo, en entrevistas posteriores, el presidente Nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, señaló que se debe defender el ahorro de los trabajadores y castigar la corrupción al interior del instituto.
“Nuestra participación tiene como objetivo la salvaguarda, el no permitir los actos de corrupción y que si estos existen, hay que denunciarlos y que se llegue hasta sus últimas consecuencias sea quien sea”, dijo.
Source: Mexico