En la segunda etapa de investigación del caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) propone realizar nuevos cateos en los trayectos y lugares a los que pudieron ser llevados los normalistas desaparecidos, más allá de las fosas.
Pidieron no desechar lo que ya ha sido confirmado con evidencias; en cambio, se debe continuar –si así lo obliga el desarrollo de la indagatoria– con las declaraciones de integrantes del 27 batallón de infantería con sede en Iguala. El GIEI pidió conocer las versiones de 26 militares y hasta ahora sólo ha sido tomada declaración a una docena, cuyo contenido no es aún del conocimiento, en su totalidad, de los especialistas.
El 26 de agosto pasado, el GIEI precisó que tuvo conocimiento de que 10 militares se presentaron a declarar o ampliar sus declaraciones; una semana después de que el Estado respondió al grupo que sólo podría realizar un cuestionario para que fuera aplicado por la PGR. No se proporcionó ninguna información sobre la realización de estas diligencias.
Después, el 11 de septiembre, dos militares ampliaron sus declaraciones ante la PGR, las cuales serán evaluadas y determinarán los pasos siguientes en este punto. El caso Ayotzinapa tiene ya 151 tomos y los expertos están por revisar 12 de estos.
El número exacto de militares que declararon no es contundente: Sobre las declaraciones de elementos del batallón 27 son 10 militares que se presentaron el 26 de agosto y dos el 11 de septiembre; hay personal del batallón que había declarado en diciembre de 2014. Después del informe del grupo, el 6 de septiembre pasado, se hizo la diligencia, la cual no sabíamos que se había llevado a cabo, nos enteramos después, a finales de septiembre, y por eso estamos a la espera de poder leer esas declaraciones, comentó Carlos Beristain, del GIEI.
El basurero de Cocula
Entre otros puntos específicos, los integrantes del grupo dijeron, ante la posibilidad planteada por la PGR, de hacer un nuevo estudio en el basurero de Cocula, que no consideran necesario el análisis para evaluar la dinámica del fuego, pues ya fue hecha en el estudio solicitado por el grupo del doctor José Torero. en que muestra la imposibilidad de dicha acción en los tiempos y circunstancias señalados en las declaraciones de varios inculpados, dentro de la averiguación previa de la PGR.
Sin embargo, precisa el grupo, dado que la PGR ha decidido realizarlo, los criterios señalados por este grupo para ello son que los expertos seleccionados tengan el mayor nivel científico y experiencia internacional en dinámica de fuego, grandes explosiones o casos de alto impacto; el grupo propuso un listado de nueve expertos y el proceso de selección final está en curso. También se deberá delimitar una metodología de trabajo en campo y para la realización del informe respectivo; adicionalmente se deberá tomar en cuenta el peritaje sobre el fuego en el basurero de Cocula realizado por el grupo.
El grupo comenzó su trabajo hace más de medio año, y tras presentar el informe Ayotzinapa se acordó con el Estado mexicano continuar con la colaboración técnica para esclarecer lo que ocurrió los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Los especialistas enfatizaron que se garantice, en esta segunda etapa, la alta especialización del nuevo equipo de peritos –habrá 36 funcionarios en la unidad de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR)–, como alternativa para un trabajo coherente y efectivo.
En cuanto a la búsqueda en fosas, precisaron que es necesario hacer un mapa y utilizar tecnología adecuada. Desde marzo, el GIEI solicitó mapas satelitales y la búsqueda con tecnología Lidar en posibles fosas y alteraciones en terrenos de Pueblo Viejo y La Parota. Estas diligencias, señalaron, no se han realizado.
La compilación de toda la información disponible y la participación de organizaciones de víctimas que cuentan con datos relevantes –añadieron– son claves para tener un plan de investigación efectivo en esta hipótesis de búsqueda.
Ambiente de control y miedo
Los recientes hallazgos de Carrizalillo (tumbas clandestinas) muestran la gravedad de los casos de personas desaparecidas y fosas comunes, así como el ambiente de control y miedo en el que sigue viviendo una parte de la población en Guerrero, se indica en el documento leído en la conferencia, acerca del trabajo de los especialistas Francisco Cox, Claudia Paz, Carlos Beristain, Angela Buitrago y Alejandro Valencia.
Exige también a la PGR la entrega de pruebas solicitadas en los seis meses de la primera etapa; por ejemplo, agotar la investigación en el caso del quinto autobús (de los ocupados por los estudiantes el día de los hechos); evaluar los datos de la telefonía de los normalistas y de los hoy detenidos; realizar nuevas diligencias, peritajes y toma de declaraciones; evaluar las evidencias científicas y procesar las ya recogidas; investigar sobre el manejo del control de la información policial en Iguala; tomar declaraciones entre otros miembros de fuerzas de seguridad de la zona; agregar a la investigación los informes de inteligencia existentes, y ampliar la investigación financiera.
También, evaluar las denuncias de los detenidos acerca de malos tratos y torturas. Sobre este último punto se informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene unas 40 solicitudes; por lo pronto, los especialistas dijeron que por marcos nacionales e internacionales una declaración obtenida bajo tortura no cuenta, aunque habrán de valorarse otras pruebas legítimas.
El grupo propone ampliar el peritaje a incineradoras públicas y privadas de Guerrero, así como cumplir con los protocolos de comunicación prioritaria con los familiares. Lo anterior porque ha habido fallas en la difusión de información de la presunta identificación de restos (se dijo en su momento que podrían ser de Jhosivani de la Cruz), cuando aún no había pruebas contundentes de ello; lo mismo ocurrió con la valoración médica y segunda opinión del estado de salud de Aldo Gutiérrez (desde el día de los hechos está en coma).
Por ello hacen énfasis en el tratamiento de la información ahora que se procederá a la exhumación y segunda autopsia de Julio César Mondragón, asesinado durante el ataque a normalistas de Ayotzinapa y cuyo cuerpo apareció con graves señales de tortura.
Pruebas de evaluación
La esperanza de los familiares es encontrar respuestas sobre los hechos, contar con un estudio realizado con las condiciones adecuadas y rescatar el buen nombre de Julio César. Esto forma parte del conjunto de garantías de investigación en este caso y constituirá nuevas pruebas para la evaluación de estos hechos atroces, señalaron.
Los integrantes del grupo señalaron, por ejemplo, que si derivado del análisis de las declaraciones de militares consideran que es necesario ampliarla, se insistirá en el punto, porque tal como lo solicitó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, este grupo debe determinar –en el marco del acuerdo firmado con el gobierno mexicano– qué ocurrió y cómo ocurrió; no podrá haber entonces, precisó Cox, que existan contradicciones al respecto em el Estado.
En esta segunda etapa pretendemos hacer un trabajo coherente entre las líneas de investigación y las acciones de búsqueda y, sobre todo, que las acciones de búsqueda respondan a las líneas de investigación porque justamente la investigación que adelanta la PGR es la que puede arrojar más pistas para determinar la suerte de los normalistas, dijo Valencia.
La Jornada