La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, luchará esta semana por su supervivencia política en el Congreso, los tribunales y las calles, pero sus posibilidades de lograrlo están menguando, estiman analistas.
Rousseff enfrenta en el Congreso un juicio político por supuestamente maquillar las cuentas públicas, mientras la máxima corte electoral estudia si su campaña a la reelección tuvo financiamiento ilegal.
Manifestantes en Brasilia utilizaron un inflable del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ataviado con un uniforme de la prisión.
Esas amenazas parecían haber disminuido en las últimas semanas. Incluso los bajísimos niveles de popularidad de Rousseff estaban subiendo modestamente.
Pero el viernes se lanzó contra su izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) lo que el analista Gabriel Petrus calificó de “bomba atómica”: el traslado forzado del carismático expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, mentor y predecesor de Rousseff, a declarar ante la Policía por el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.
Lula está acusado de aceptar sobornos por unos dos mil millones de dólares de compañías constructoras, pero él lo niega y lo califica como un “show mediático”.
Ambos campos, el oficialismo y la oposición, prometen ahora llevar la lucha a las calles del país, mientras los partidos de oposición en el Congreso se frotan las manos con el nuevo impulso que recibe el juicio político.
Petrus, de la consultora Barral M. Jorge Asociados de Brasilia, dijo que tanto Lula como Rousseff están contra las cuerdas, pero no se dejarán vencer fácilmente.
“El PT tendrá una estrategia del todo o nada”, dijo. “Creo que los dos bandos están preparándose para esa batalla”.
El PT tratará de mostrar sus músculos con una serie de protestas anunciadas en grandes ciudades para los días 8, 18 y 31 de marzo.
Pero analistas creen que la asistencia será mucho menor que en las protestas opositoras convocadas en todo el país este próximo domingo.
Rousseff ya aparece como una figura solitaria, con el Congreso paralizado y la economía atravesando por la peor recesión en un siglo.
“Rousseff apenas ocupa el cargo formal de presidenta de la República”, publicó ayer el diario O Estado de Sao Paulo en un editorial. “En la práctica ya no ejerce el poder, excepto por lo que marca el protocolo. Siempre habrá alguien en el Palacio de Planalto para servirle el café”.
De acuerdo con analistas la suerte de Rousseff tal vez no se decida en las calles ni en el tribunal superior electoral, sino en los despachos de fiscales y policías, donde exaliados y examigos involucrados en el escándalo en Petrobras están negociando reducciones de sus penas a cambio de suministrar información privilegiada.
“La oposición quiere dividir al país”
La presidenta Dilma Rousseff acusó ayer a la oposición de querer anticipar las elecciones presidenciales de 2018, en medio de un recrudecimiento de la tensión política luego de que la policía obligara al exmandatario Lula a declarar por el caso de corrupción en Petrobras.
La presidenta Rousseff enfrenta dos procesos legales que podrían poner fin a su mandato de manera anticipada.Foto: AP
Rousseff, quien enfrenta dos procesos que podrían terminar anticipadamente su mandato, acusó a la oposición de querer “dividir el país”.
Rousseff endilgó parte de los problemas que atraviesa Brasil a una “sistemática crisis política que provocan aquellos que están inconformes, que perdieron las elecciones (presidenciales de 2014) y quieren anticipar la elección de 2018”.
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), antecesor y mentor político de Rousseff, fue obligado el viernes a declarar ante la policía por el escándalo de corrupción que le costó más de dos mil millones de dólares a la estatal Petrobras.
Fiscales brasileños sospechan que Lula aceptó millonarios favores de constructoras acusadas de desfalcar a la petrolera, en una megacausa que investiga un sistema político-empresarial de sobornos y fraudes destinado a financiar fuerzas aliadas al gobierno y a enriquecer a los involucrados.
Rousseff, que visitó a Lula en Sao Paulo en señal de apoyo el domingo, volvió a criticar la actuación de la justicia.
“No tiene el menor sentido, conducirlo por orden judicial, para prestar declaraciones, si (Lula) jamás se negó a ir”, afirmó ayer la Presidenta durante un acto de inauguración de viviendas sociales en el sur de Brasil.
La conducción coercitiva de Lula para declarar ante la policía recalentó la crisis política que vive desde hace un año ese país, hundido en una recesión económica y la corrupción.
Analistas señalan que este episodio cierra aún más el cerco sobre el gobierno de Rousseff, debilitado políticamente, y que debe hacer frente a un pedido de impeachment en el Congreso, así como a un proceso de impugnación de su mandato en la justicia electoral por sospechas de que financió su campaña con recursos ilegales.
La amplia repercusión mediática de esta nueva fase de la investigación judicial también atizó la disputa entre detractores y simpatizantes del gobierno, que prometieron salir a las calles en los próximos días.
“No saldré, a menos que sea esposado”
El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se resistió en un primer momento a ser llevado a interrogar y afirmó que sólo saldría de su casa esposado, informó la policía, que el viernes lo condujo a declarar sobre sospechas de corrupción.
“Le informé al expresidente que debíamos salir lo más rápido posible de allí para que su salida del edificio se hiciera antes de la llegada de eventuales reporteros y/o personas que pudieran fotografiar o filmar el traslado”, informó el comisario de la Policía Federal, Luciano Flores Lima, en un documento revelado el domingo por el programa Fantástico de la cadena TV Globo y reproducido ayer por medios locales.
“En ese momento, (Lula) dijo que no saldría del lugar a menos que fuera esposado. Dijo además que si queríamos recoger sus declaraciones, tendría que ser allí”, según el informe.
Flores le explicó a Lula que si se negaba a ir en ese momento al Salón Presidencial que la Policía Federal tiene en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo, él se vería obligado a “dar cumplimiento a la orden de conducción coercitiva que portaba”.
Agregó que Lula sólo aceptó acatar la orden judicial tras conversar por teléfono con su abogado.
Según el comisario, el lugar destinado al interrogatorio ya estaba preparado para recibirlo y era un lugar “seguro, discreto y alejado de eventuales manifestaiones(…)”.
Fuente: Excélsior