El Parlamento regional de Cataluña aprobó el lunes una resolución que busca iniciar el camino hacia la independencia, una medida que el Gobierno español anunció que bloqueará, informaron las Agencias EFE y Reuters.
El plan para empezar el proceso de creación de la república catalana se aprobó por 72 votos a favor y 63 en contra, en una cámara de 135 escaños y mayoría secesionista desde las elecciones autonómicas de septiembre pasado.
La propuesta, que incluye la puesta en marcha en un mes de instituciones propias para una “desconexión pacífica” de España, será recurrida de inmediato por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional.
Las fuerzas independentistas de Junts pel Sí y Candidatura d’Unitat Popular (CUP) advirtieron que harán caso omiso de la previsible impugnación en la corte, y no está claro qué medidas tomará entonces el Gobierno, que ya avisó que utilizará todos los instrumentos jurídicos a su alcance.
Los portavoces de los grupos que rechazan la secesión acusaron a los promotores de querer romper la legalidad y el Estado de Derecho y de avanzar hacia un proceso de consecuencias graves e imprevisibles.
La centrista Inés Arrimadas, cuya formación (Ciudadanos) es la segunda en escaños del Parlamento regional, acusó al presidente en funciones, Artur Mas, de querer eludir con el proceso independentista su comparecencia ante la Justicia, ya que su propio partido, CDC, está implicado en varios casos de corrupción.
El desafío catalán acapara el debate político en España a mes y medio de las elecciones generales, en las que los sondeos prevén que el Partido Popular de Rajoy sea el más votado, pero lejos de la mayoría absoluta de 2011 tras una legislatura plagada de recortes sociales y escándalos de corrupción.
Cataluña, una de las regiones más ricas del país pero también muy endeudada, vio reforzarse el sentimiento independentista especialmente a partir de 2012, en medio de la crisis económica y tras el rechazo del Gobierno de Rajoy a negociar un pacto fiscal.
Con 7.5 millones de habitantes, aporta casi el 20 por ciento del Producto Interior Bruto español y, debido a que se trata de una de las llamadas “regiones históricas” (con el País Vasco, Andalucía y Galicia), cuenta con un alto nivel de autogobierno,
Sus competencias van desde la Policía propia hasta la gestión de las cárceles, pasando por empleo, economía, educación o sanidad.