La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que si bien el uso del arraigo se ha visto reducido en nuestro país, persisten graves problemas y en sí misma es una figura violatoria de los derechos del inculpado o en contra de quien se haya girado esta medida cautelar.
Durante la presentación del informe “Arraigo, medidas cautelares y ejecución penal”, realizado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada Tapia Fonllem aseguró que los jueces conceden órdenes de arraigo en 10 veces más ocasiones que las solicitadas por la Procuraduría General de la República.
“Esto nos revela la falta de control judicial sobre la medida y permite confirmar que el arraigo es una herramienta que perpetúa el hábito de detener a la persona para indagarla y no para realizar una investigación profesional que brinde elementos sólidos para justificar su detención” señaló.
El informe del Observatorio Ciudadano, destacó, profundiza la investigación sobre las experiencias de los estados que han transitado hacia el nuevo sistema de justicia, lo cual, prosiguió, es fundamental para adoptar medidas cautelares, así como para la ejecución de sanciones penales, en los esquemas federal y local de manera correcta.
Precisó que el trabajo presentado, el cual consta de tres tomos, hace un profundo análisis de las experiencias en Oaxaca, Yucatán, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Distrito Federal; es fundamental para el diseño e implementación de los nuevos mecanismos del sistema acusatorio, abundó.
“Las tres partes de este informe guardan una estrecha relación con el trabajo legislativo que se ha desarrollado durante esta LXII Legislatura, en el cual se ha expuesto una gran cantidad de experiencias y diagnósticos sobre la operación y práctica del sistema de procuración de justicia y la impartición de la misma”, subrayó.
Por su parte, el diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM), secretario de la Comisión de Justicia, expuso que aunque con la figura del arraigo se ha cometido el delito de abuso de autoridad, en otros casos excepcionales ha logrado permitir la integración correcta de averiguaciones previas que ayudan a procesar a quien fue imputado por quebrantar la ley.
“Estamos claros y ciertos de la problemática que arroja la figura misma del arraigo. Ya tuvimos una discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales en relación con la posibilidad de eliminarla de la Constitución, pero desafortunadamente, en vista de la realidad social, no se logró generar un acuerdo”, apuntó.
Advirtió que a este problema se suma el no contar con Ministerios Públicos capacitados para presentar sus acusaciones y formular argumentaciones vía oral, como lo establece en el nuevo Código de Procedimientos Penales.
“Este nuevo sistema de justicia penal va a llevar un proceso de adaptación, de capacitación y preparación que no podemos echar por la borda”, señaló.
Por otra parte, el legislador resaltó la importancia de eventos como éste, ya que “brinda la oportunidad de intercambiar puntos de vista y, desde luego, de recoger todas las inquietudes, reclamos y proposiciones, a fin de entender esta realidad social en la que todos estamos involucrados”.