La Comisión de Gobernación aprobó en sus términos el dictamen a la minuta que crea la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 22 votos a favor y uno en contra; será discutido en la próxima sesión del Pleno de la Cámara de Diputados.
Al reanudar hoy su sesión permanente, la instancia legislativa, encabezada por su presidente, diputado Abel Octavio Salgado Pena (PRI), acordó abordar las reservas en la sesión del Pleno de este jueves 16 de abril.
El dictamen se compone por ocho títulos, 216 artículos y 13 transitorios, cuyo objetivo es establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información
Esta Ley General, reglamentaria del artículo sexto de la Constitución, busca promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública y el acceso a la información y la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna.
Por el PRI, el diputado Francisco González Vargas apuntó que la norma “aporta mucho a la construcción de la democracia” y se da un paso fundamental para establecer principios esenciales de un sistema que garantice y fije las bases generales para la transparencia y los procedimientos que respondan al derecho de acceso a la información. Sobre todo, agrego, porque el combate a la corrupción es una exigencia inaplazable.
Esta legislación permitirá contar con estándares de especialización de los sujetos obligados y generar las condiciones ideales para exigir información de calidad. Es necesario terminar con las malas prácticas de los primeros y con las reiteradas críticas de los solicitantes sobre los datos que recibe, comentó.
A nombre del PAN, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra calificó esta Ley General como “la reforma estructural de las reformas estructurales”, ya que es un gran avance de segunda generación. La transparencia es la premisa previa para evitar la deshonestidad y, junto con el Sistema Nacional Anticorrupción, disuadirán esta práctica. Se contará con los datos necesarios para fincar las responsabilidades administrativas o penales correspondientes en caso de que ocurran esos ilícitos, sostuvo.
Sin embargo, refirió que “es vergonzoso que el Congreso sea exceptuado bajo determinadas condiciones, aquí deberíamos tener un consenso de eliminar semejante barbaridad”. Estimó que muchos grupos parlamentarios van a presentar esa reserva.
Fernando Belaunzarán Méndez, diputado del PRD, expresó que el dictamen, si bien no es perfecto, representa un gran avance en materia de transparencia e hizo votos para que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) estén a la altura, pues ahora tienen “dientes” y capacidad de sanción. “Buscamos que lo público sea realmente público, es decir, que esté al alcance de todos”, señaló.
Destacó que las organizaciones civiles y académicos hayan estado presentes en la discusión; por lo tanto, dijo, “no le daré la espalda a la sociedad civil que ha demandado la transparencia e incluso la defendió cuando hubo intento de regresión. Pronto se verá qué significa este avance, siempre y cuando el IFAI esté a la altura de las circunstancias”.
Por el PVEM, la diputada Ruth Zavaleta Salgado sostuvo que este instrumento legislativo es un complemento del Sistema Nacional Anticorrupción. “Ambos son una revolución del sistema democrático mexicano al transparentar el uso de los recursos públicos, porque ya no se guardará información por 12 o 20 años”, apuntó.
Destacó que “el Poder Legislativo tendrá un mayor equilibrio frente al Poder Ejecutivo y podrá ejercer con mayor democracia sus decisiones internas. Las circunstancias de hoy cambiarán en el Congreso para bien”. Resaltó que los partidos políticos tendrán que rendir cuentas sobre sus legisladores que integren las bancadas para que cumplan los compromisos con la ciudadanía; por lo tanto, afirmó, se profesionaliza el quehacer público y se podrá cuestionar a los gobiernos.
La diputada de Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco afirmó que frente al reclamo ciudadano para combatir frontalmente la corrupción e impulsar la transparencia en la gestión gubernamental, “el Congreso de la Unión corresponde a esa exigencia con ordenamientos legales que contribuyan a garantizar el acceso a la información pública y a prevenir y sancionar todo tipo de prácticas corruptas”.
Sostuvo que el proyecto de Ley General refrenda la disposición constitucional de que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, instituciones autónomas, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional.
Por Morena, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, al argumentar en contra, destacó que no habría necesidad de una legislación que dé derecho al acceso de la información si se respetaran las leyes y se actuara con transparencia en un marco democrático. Cuestionó que sea hasta después de agosto cuando el Congreso rinda cuentas.
Refirió que este dictamen es contrario a los tratados ratificados por México. No obstante, reconoció “mínimas ventajas como el incremento en el número de sujetos obligados como los partidos políticos, fideicomisos, fondos y toda persona que ejerza recursos públicos”. Reconoció la participación ciudadana, pero en calidad de “secuestrados con una amenaza atrás”.