Para revitalizar el vínculo entre autoridad y ciudadanía; propiciar una cultura de verdadera rendición de cuentas, que prevenga la impunidad y que todo acto ilícito se sancione, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) se pronunciaron a favor de aprobar en sus términos la Minuta que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Durante la reunión con la Comisión de Gobernación, presidida por el diputado Abel Octavio Salgado Peña (PRI), los comisionados reiteraron que en la actualidad el grado de confianza en términos generales entre autoridad y ciudadanía, por desgracia, se ha desgastado.
Señalaron que la Minuta de la Ley General de Transparencia contiene todos los elementos para poder revitalizar ese vínculo entre autoridad y ciudadanía; por ello, afirmaron que “todos los integrantes del IFAI coincidimos que no hay ningún elemento regresivo en este dictamen que está a punto de discutirse”.
La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Ximena Puente de la Mora, sostuvo que el proyecto no sólo propicia el cumplimiento de la transparencia y acceso a la información, sino además una cultura de verdadera rendición de cuentas, que prevenga la impunidad y que todo actuar ilícito sea sancionable.
Destacó que este documento es trascendente para la vida democrática del país, pues la sociedad la reclama y México la necesita, además de que es acorde con el espíritu de la reforma al artículo sexto de la Constitución, aprobada en febrero de 2014.
El presidente del órgano legislativo, Abel Octavio Salgado Peña (PRI) afirmó que la transparencia es una exigencia ciudadana que crece exponencialmente, por lo que se deben agotar exhaustivamente todos los recursos para satisfacerla a corto plazo.
“La rendición de cuentas y el combate a la corrupción son dos temas de mayor interés para los involucrados en la vida pública. En México se viven momentos donde temas de esta relevancia no pueden esperar más a ser aprobados, publicados, pero sobre todo aplicados”, enfatizó.
Estimó que el derecho a la información no sólo debe verse como una genuina aspiración de los mexicanos, sino como un pilar fundamental del Estado de Derecho; por ello, esta obligación debe ser conducta que las autoridades cumplan de manera proactiva en sus diferentes niveles y órdenes de gobierno.
Salgado Peña explicó que en la minuta enviada por el Senado de la República destaca la incorporación de las figuras de prueba de daño y de interés público para los casos en los que se pretenda reservar información.
Por otra parte, saludó que en el documento se proponga la negativa a invocar el derecho reservado cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción.
Esto, dijo, “constituye otro punto de gran avance” que de aprobarse junto a las otras disposiciones, tendrá impacto en partidos políticos, sindicatos e incluso en cualquier persona, física o moral que ejerza recursos públicos.
El presidente de la comisión de Gobernación, informó que dicha instancia legislativa convocará a inicios de la siguiente semana, a afecto de reanudar la sesión que se declaró en permanente, con el propósito de iniciar el análisis, discusión y en su momento aprobación de la minuta.
“Afirmamos nuestro compromiso de impulsar este proyecto de decreto para que en este mismo periodo ordinario de sesiones, con el trabajo intenso y abierto de la comisión, podamos concluir y dar un paso definitivo en la materia”, apuntó.
Ximena Puente de la Mora, comisionada presidente del IFAI, afirmó que de aprobarse traerá como consecuencia un mayor grado de certidumbre en la sociedad y en las instituciones públicas, al garantizar las condiciones necesarias para homologar acciones, principios y normas que regirán el derecho fundamental de acceso a la información en todo el país.
“Compartimos la responsabilidad en la creación de una Ley General de Transparencia como herramienta fundamental para responder a las inquietudes de la sociedad para contar con un gobierno abierto. Se debe tener un Estado más abierto, plural y democrático, así como contar con un marco normativo acorde a los retos de consolidación democrática”, añadió.
El proyecto, sostuvo, impulsa una transparencia proactiva, consigna diversas obligaciones para que toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los tres poderes, así como cualquier órgano autónomo hagan pública y pongan a disposición de la sociedad información relacionada con el ejercicio de sus funciones, y el uso de recursos públicos contenidos y actualizados constantemente.
Se incrementan las obligaciones, por ejemplo de 17 que señala la Ley Federal de Transparencia a cerca de 50, por lo que, la sociedad tendrá la información disponible en los portales de Internet sin necesidad de hacer solicitudes; toda autoridad estará constantemente sujeta al escrutinio público, generando con ella una población más informada, participativa y exigente en la rendición de cuentas.
De igual modo, dijo, la Ley General sienta las bases para la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, que servirá para optimizar y garantizar los avances en esta materia, así como una plataforma nacional que constituirá el mecanismo para la difusión, capacitación y ejercicio de estos derechos en la sociedad en general.
La funcionaria relató que el documento impone la obligación a toda autoridad de que prevalezca el principio de máxima publicidad previsto en la Constitución, en los tratados internacionales, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas.
Reconoció que la minuta establece que ninguna otra ley puede contravenirla; contempla un sistema de imposición de sanciones y prevé esquemas para aplicar medidas de apremio a las autoridades que, renuentes al cumplimiento de sus obligaciones, no hagan pública la información.
“El objetivo es claro –subrayó- difundir, promover y proteger el derecho de acceso a la información y protección de los datos personales de todos los mexicanos”.