La presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, diputada Leticia López Landero (PAN), afirmó que México enfrenta hoy el desafío de la trata de personas disfrazada que significa la maternidad subrogada, convertida en uno de los delitos más lamentables que pueda cometer un ser humano contra otro.
Sostuvo que en nuestro país esta práctica tiene precios considerablemente más bajos, en comparación con naciones de mayor desarrollo socioeconómico. “Los costos son acordados y negociados por las clínicas de subrogación. Es preocupante que alrededor de 800 familias españolas contratan vientres en el extranjero cada año, la mayoría en México, ya que la maternidad subrogada está prohibida y penada en España y aquí no”.
La legisladora convocó a “unir fuerzas y abolir este flagelo, para que seamos humanos, sensibles y no perdamos esta parte de nosotros que se desvanece”.
Refirió que “los españoles hoy pueden venir a utilizar a las mexicanas y hacer este tipo de negocios”, porque no están protegidas, ya que no hay una ley aprobada en la materia, “Este horror en México no se castiga porque hay desidia, indiferencia, falta de compromiso y humanidad, ¿qué nos espera como país, donde un bebé no tiene una ley que lo ampare y las mujeres son explotadas con fines reproductivos?”, aseveró.
López Landero sostuvo que es el momento de denunciar esta nueva modalidad de explotación, por lo que llamó a los poderes ejecutivos federal y estatales, a los Congresos, al Senado de la República, a medios de comunicación y empresarios a no ser partícipes de esta modalidad delictiva.
Cuestionó los motivos por los que las modificaciones a la minuta de la ley de trata aprobada por los diputados para castigar el delito este “congelada” en el Senado. Pidió estar conscientes de que la norma no responde a protagonismos, sino a motivos de humanidad. “De nada sirve el trabajo legislativo que no es utilizado para un bien común”, apuntó.
Señaló que en Tabasco y Sinaloa se regula esta práctica bajo la figura de maternidad subrogada, la cual no disminuye los riesgos de salud de las mujeres que rentan su vientre, ni protegen los derechos de los bebés que nacen de dicha práctica. En Coahuila se prohíbe expresamente, indicó.
Comentó que el libro “Maternidad Subrogada: Explotación de Mujeres con fines reproductivos”, presentado recientemente en San Lázaro, reflexiona sobre el sometimiento y los riesgos a los que se exponen a los bebés, producto de este procedimiento. Se necesita la difusión del tema y el patrocinio de esta obra, a fin de que la gente la conozca, y mujeres y varones alcen la voz para que este delito se revierta.
En esa ocasión, al presentar la obra, Rafael Estrada Michél, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales y consejero consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), apuntó que la maternidad subrogada convierte a la mujer en una máquina para hacer bebés, la cual puede venderse con fines de explotación.
En este sentido, subrayó que la Constitución prohíbe categóricamente la utilización de las personas como objeto, porque “es un retroceso en materia de equidad de género”, además de que transforma a la mujer en un mero objeto de consumo.
Destacó que dentro de la maternidad subrogada los riesgos son muy altos, pues de acuerdo con datos de países europeos que permiten esta actividad, existen elevados índices de conflictos entre quienes adoptan la paternidad con estas características. Estas naciones, incluso, analizan prohibirla debido a los peligros que se generan a la gestante y al bebé.
Ingrid Tapia Gutiérrez, especialista en Derecho Civil y Constitucional, revisora de la obra, señaló el “matiz misógino” y ofensivo de esa práctica. Convocó a exigir al Senado la aprobación de la nueva ley de trata de personas, para que las mujeres “no sean utilizadas como cosas, animales o pie de cría, y llamar a la maternidad subrogada por su verdadero nombre: explotación de mujeres con fines reproductivos”.
Subrayó que quien renta su cuerpo para después entregar un hijo no lo hace por amor. “Son mujeres solas que presionadas por sus necesidades económicas, aceptan un trato de esa naturaleza, porque están desprotegidas”, afirmó.