Chihuahua, Chih.- Las personas que permanecen en prisión preventiva, sin una sentencia, representan una sobrecarga para el sistema penitenciario de Chihuahua, tanto por la ocupación de espacios como por el costo que implica mantenerlas, señaló el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez.
El funcionario explicó que cada centro penitenciario tiene características y niveles de riesgo diferentes, por lo que la distribución de internos requiere una correcta clasificación. Como ejemplo, señaló que el Cereso número 2 es considerado una unidad de bajo riesgo, donde se concentra principalmente a personas sentenciadas cuyos perfiles criminales representan un menor riesgo para la estabilidad del sistema penitenciario.
Loya advirtió que trasladar internos únicamente para ocupar espacios disponibles puede generar riesgos, ya que colocar a personas con perfiles distintos en un mismo centro podría comprometer la seguridad de la población penitenciaria y la estabilidad del propio penal.
Recordó que la decisión de imponer o retirar la prisión preventiva corresponde a los jueces; sin embargo, desde la perspectiva penitenciaria, reconoció que mantener a un elevado número de personas bajo esta medida termina saturando los centros y aumentando la presión sobre el sistema.
Además de la ocupación, dijo, existe un impacto económico para la sociedad, ya que cada persona privada de la libertad requiere alimentación, agua, hospedaje y los servicios necesarios para permanecer dentro de un centro penitenciario mientras se resuelve su situación jurídica.
