A partir de este martes entra en vigor el Acuerdo 09/09/26 de la SEP, que restringe el uso de celulares y dispositivos electrónicos personales en escuelas públicas y particulares de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. La medida alcanza clases, recreos y hasta los periodos de descanso. ¡A rajatabla, despojaron a los estudiantes de sus celulares!
La autoridad educativa tiene sus razones. Recuperar la convivencia, combatir el acoso digital, reducir las distracciones y promover la actividad física son argumentos que difícilmente alguien puede descalificar. El recreo debe ser para jugar, platicar, correr y hacer amigos. Aunque, a juzgar por algunos patios, hay chamacos que ya desarrollaron más habilidad para deslizar el dedo por la pantalla que para patear una pelota.
También está el asunto de las notificaciones, los mensajes, los videojuegos y las redes sociales. Un celular puede convertirse en una ventana al mundo, pero también en una puerta abierta al acoso, las burlas y las fotografías sin consentimiento. La escuela tiene la obligación de cuidar a sus estudiantes y establecer límites. En eso, la SEP tiene razón.
El asunto se complica cuando la prohibición alcanza el recreo. Una cosa es evitar que el teléfono interrumpa una clase y otra muy distinta es regular absolutamente todo lo que hace un estudiante durante su tiempo libre. ¿Dónde queda la autonomía? ¿En qué momento aprenderán a decidir cuándo guardar el aparato y cuándo utilizarlo? Porque el recreo también es tiempo de descanso, convivencia y decisiones personales.
Y luego está la familia. Hay padres que trabajan, que tienen horarios complicados y que necesitan comunicarse con sus hijos. El acuerdo contempla excepciones para emergencias, salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión, además de actividades pedagógicas programadas. Sin embargo, las escuelas tendrán que establecer mecanismos eficientes para que una llamada urgente llegue a su destino. Si el celular queda bajo resguardo, también deberá quedar claro quién responde por él cuando desaparezca, se dañe o termine extraviado entre tantos aparatos.
La tecnología tampoco es el enemigo. El celular sirve para investigar, aprender idiomas, consultar información y desarrollar habilidades. El verdadero problema está en el uso excesivo, irresponsable o sin supervisión. Prohibir puede resolver una parte del conflicto, pero difícilmente enseña a distinguir entre una noticia falsa y una verdadera, proteger los datos personales o reconocer los riesgos de las redes sociales.
La SEP informó que más del 81 por ciento de los docentes consultados estuvo a favor de establecer reglas para el uso de dispositivos. El dato respalda la necesidad de regular, aunque tampoco significa que todos estén de acuerdo con cada detalle de la prohibición. Y aquí es donde la autoridad educativa tendrá que demostrar que sabe distinguir entre un niño de siete años y un adolescente de quince, entre una necesidad médica y una distracción, entre una regla razonable y una decisión arbitraria.
Porque prohibir una conducta no es lo mismo que educar para evitarla. La escuela debe proteger el aprendizaje y la convivencia, pero también preparar a los estudiantes para un mundo donde la tecnología forma parte de prácticamente todo. Una escuela sin celulares puede tener mejores condiciones para convivir; una escuela que solamente los prohíbe corre el riesgo de dejar pendiente la tarea más importante.
La pregunta queda para padres, maestros y estudiantes. ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a dominar la tecnología o estamos intentando resolver el problema alejándolos temporalmente de ella? Ahí está el fondo del debate. Mientras tanto, la SEP ya guardó los celulares. ¡Ojalá también tenga señal para educar!
Hasta mañana.
