El partido afirmó que la llegada de la consejera presidenta al organismo electoral en 2023 no fue una designación de Morena y pidió esclarecer las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Ciudad de México.– Morena se deslindó de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y exigió una investigación profunda sobre los señalamientos de presuntas irregularidades en el organismo, al asegurar que no defenderá a ningún funcionario involucrado en actos de corrupción.
A través de un comunicado emitido este 1 de noviembre, el partido sostuvo que la trayectoria de Taddei comenzó antes de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y recordó que en 2014 fue nombrada presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, entonces encabezado por Lorenzo Córdova.
Asimismo, precisó que su llegada a la presidencia del INE en 2023 se dio mediante insaculación, mecanismo previsto ante la falta de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por lo que enfatizó que su nombramiento no fue una designación de Morena.
El partido también señaló que las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del instituto tienen antecedentes y mencionó la contratación de Jet Van para el arrendamiento de vehículos durante 2015, cuando Lorenzo Córdova presidía el organismo, por un monto cercano a los mil millones de pesos.
Morena exigió esclarecer quién autorizó los contratos, quiénes son los proveedores, desde cuándo participan en las contrataciones y quiénes se beneficiaron, además de determinar las responsabilidades de funcionarios y exservidores públicos.
“La salida de una funcionaria no puede cerrar las investigaciones ni dejar en el olvido las responsabilidades de exservidores públicos”, sostuvo el partido, al advertir que la autonomía del INE debe garantizar independencia frente al poder, pero también rendición de cuentas.
Finalmente, Morena afirmó que no protegerá a nadie que haya incurrido en corrupción, “sin importar nombres, apellidos o relaciones personales”, y reiteró que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre el uso de los recursos destinados a garantizar la democracia.
