La presencia institucional en la Sierra Tarahumara ha marcado un cambio significativo en el acceso a la defensa de los derechos humanos. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Alejandro Carrasco, informó que tras la apertura de nuevas oficinas en la región serrana, los servicios brindados a comunidades indígenas crecieron más de 600 por ciento, reflejando una mayor cercanía y confianza hacia el organismo.
Durante 2024 se puso en marcha una oficina en Guachochi y en 2025 otra en Creel, ampliando la cobertura en zonas donde antes era complicado realizar trámites, recibir asesoría o presentar quejas. A estas sedes se suman oficinas itinerantes que operan en Madera, Guerrero y Guadalupe y Calvo, fortaleciendo la atención en distintos puntos de la Sierra Tarahumara.
Carrasco explicó que, si bien la Comisión no puede intervenir directamente en casos donde el desplazamiento forzado es provocado por grupos del crimen organizado, sí participa como observadora para vigilar que las autoridades actúen con apego a los derechos humanos. En ese sentido, mantiene coordinación con instancias como la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Secretaría de la Defensa Nacional, verificando que los operativos y acciones institucionales respeten las garantías fundamentales de la población.
El titular de la CEDH señaló que los principales retos en la región se concentran en el acceso a servicios de salud, educación y en la prevención de la violencia. Subrayó que no se trata de un problema aislado en un solo municipio, sino de una situación estructural que requiere políticas públicas integrales, mayor cobertura educativa y oportunidades de desarrollo económico para las comunidades serranas.
Asimismo, confirmó que el organismo inició una investigación de oficio tras la difusión de un caso en el que presuntamente no se proporcionó intérprete en lengua originaria a familiares de un menor fallecido en un hospital de la capital. La Comisión se encuentra a la espera del informe oficial de la Secretaría de Salud para determinar si hubo vulneraciones a derechos humanos, reiterando su compromiso de garantizar atención digna y sin barreras lingüísticas.
