Una condena de cuarenta años en prisión obtuvo el Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida para Manuel Lara López, alias Harry Potter, por parte del Tribunal Oral al demostrarse su participación en el asesinato de una mujer, y en el homicidio en grado de tentativa de otra víctima del sexo femenino, además de que el sujeto es investigado por ser cabecilla de un grupo criminal que opera en la ciudad.
El hecho violento que se le acreditó, se registró la madrugada del 31 de enero 2012, cuando ambas mujeres se encontraban cargando combustible en una gasolinera ubicada en la avenida de las Industrias y Homero al norte de la ciudad.
Las víctimas estaban en un vehículo Chevrolet, línea Lumina, color blanco cuando un sujeto descendió de otro automotor y les disparó con un arma de fuego en repetidas ocasiones, murió en el lugar, Adriana López Veleta, mientras que su compañera resultó lesionada.
La investigación del Ministerio Público y Policía Estatal adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos contra la vida, determinó que momentos de la agresión ambas féminas habían estado en un bar ubicado en la vialidad Los Nogales.
Luego, se estableció que fueron esos mismos los que las siguieron en un vehículo que conducía Manuel Lara López, automotor del que descendió el hombre que les realizó los disparos.
El jueves 28 de mayo del 2015, se celebró la audiencia de individualización de sanciones en la que el Ministerio Público logró que el Juez le impusiera una pena de 40 años de prisión, además de la reparación del daño consistente en 46 mil pesos 663
Manuel Lara López, de 38 años, fue detenido por agentes de la Policía Estatal el viernes 13 de septiembre del 2013, día en que le aseguraron una pistola calibre .9mm, 37 porciones de heroína y dos kilogramos de marihuana en hechos en los que dijo llamarse Jorge Antonio Lara López.,
Cabe destacar que actualmente tiene abiertos procesos penales, por el delito de extorsión agravada (causa penal 2401/2013), cuya imputación establece que extorsionaba a comerciantes de la calle 31, exigiéndoles bajo amenazas, el pago de 25 mil a 30 mil pesos semanales a cambio de “dejarlos trabajar” y proporcionarles supuesta protección.