La reciente aprobación en el Senado de la República de la llamada Ley para Fomentar la Inversión en Infraestructura Estratégica encendió el tablero legislativo y ya comenzó a trasladarse a las calles.
Con 48 votos de Morena y sus aliados frente a 28 de la oposición, el oficialismo sacó adelante una reforma que, bajo el argumento de detonar el desarrollo, ha sido leída por sus críticos como un riesgo directo para los ahorros de millones de trabajadores.
No es un tema menor. La oposición ha comenzado a articular un movimiento de protesta a nivel nacional con el mensaje de que se está poniendo en juego el dinero de las Afores sin que exista una garantía real de responsabilidad por parte del Estado si los proyectos fracasan.
En otras palabras, socializar el riesgo, pero no necesariamente la rendición de cuentas. Ahí es donde la discusión deja de ser técnica para convertirse en profundamente social.
El gobierno sostiene que México necesita inversión en infraestructura, y tiene razón. El rezago en carreteras, agua, energía y logística es evidente. La inversión jamás se construye por decreto, sino a partir de confianza, certeza jurídica y reglas claras. Justo lo que, según sus detractores, esta ley nace sin garantías.
El propio senador de Morena, Francisco Chíguil Figueroa, reconoció que actualmente apenas entre el 8 y el 9 por ciento de los fondos de las Afores se invierten en infraestructura, a pesar de que el límite regulatorio permite hasta un 30 por ciento.
La nueva apuesta es empujar ese porcentaje hasta un 25 por ciento, lo que representaría, en términos reales, alrededor de 1.2 billones de pesos orientados a proyectos estratégicos.
La cifra impresiona, pero la pregunta es en qué condiciones se hará.
La historia reciente del país está marcada por proyectos cuestionados por su rentabilidad, transparencia y viabilidad técnica: obras faraónicas que terminan costando más de lo previsto y entregando menos de lo prometido.
Si, podemos hablar del AIFA y Dos Bocas, pero también de otras que en sexenios anteriores solo dejaron bardas y plataformas inconclusas, cuya responsabilidad jamás recayó en los gobernantes en turno.
Ahí radica el núcleo de la inconformidad. Que bien que llegue inversión pública, pero ¿Valdrá la pena poner en riesgo el ahorro de los trabajadores como si fuera la caja chica de decisiones políticas?Si los proyectos fallan, ¿Quién responde?
El discurso de la oposición insiste en la necesidad de recuperar la seguridad jurídica como condición indispensable para cualquier estrategia de desarrollo. Sin ella, advierten, se pone en riesgo el ahorro interno y se envía una señal negativa a la inversión privada, tanto nacional como extranjera.
Al final, el dilema es bajo qué reglas, con qué controles y con qué responsabilidades. Porque si algo ha demostrado la economía mexicana es que el dinero puede estar disponible, pero cuando se disipa la confianza, simplemente se retiene… o se va para la dirección equivocada.
