Habitantes de diversas colonias de Ciudad Juárez, especialmente en asentamientos irregulares, continúan enfrentando una de las problemáticas más graves para la vida diaria: la falta de acceso suficiente y digno al agua potable.
Ante esta situación, la 68 Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua exhortó a la Junta Central de Agua y Saneamiento y a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez para que implementen acciones urgentes que garanticen el acceso efectivo, suficiente, salubre y asequible al agua potable para toda la población.
La propuesta fue presentada por la diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco, quien advirtió que condicionar el suministro de agua a la regularización de predios agrava la desigualdad social y vulnera un derecho humano fundamental.
Durante la exposición, señaló que en colonias como Pánfilo Natera, así como en otros sectores con asentamientos irregulares, persisten condiciones de rezago por la falta de infraestructura hidráulica y la irregularidad en la tenencia de la tierra, obligando a muchas familias a recurrir a mecanismos alternativos e insuficientes para conseguir agua.
La legisladora recordó que el acceso al agua potable está reconocido en el artículo 4° de la Constitución Mexicana y resulta indispensable para garantizar otros derechos como la salud, el bienestar y una vida digna.
Además, subrayó que negar este servicio por no contar con certeza jurídica sobre la propiedad de un terreno no solo es cuestionable legalmente, sino que profundiza la exclusión social de quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad.
En el mismo sentido, se aprobó una moción propuesta por el diputado Alfredo Chávez para exhortar a las autoridades municipales de Ciudad Juárez a implementar mecanismos legales que permitan la regularización de predios y faciliten el acceso a servicios básicos.
También se recordaron criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establece que el acceso al agua no debe condicionarse a la acreditación de la propiedad, reconociendo la obligación del Estado de garantizar un mínimo vital para toda la población.
Con ello, el Congreso busca atender una problemática que por años ha afectado a cientos de familias juarenses que sobreviven sin acceso pleno a uno de los servicios más esenciales.
