La Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue sentenciada a pagar más de 9 millones de pesos como indemnización por la muerte de un interno durante el motín y fuga masiva ocurridos el 1 de enero de 2023 en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez. La resolución fue emitida el pasado 27 de marzo por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, al concluir que la autoridad incumplió con su deber de garantizar la seguridad y custodia de las personas privadas de la libertad.
Dentro del tema, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chavez mencionó, “siempre soy muy respetuoso de las leyes y las instituciones más allá de si estoy o no de acuerdo con respecto de eso, yo lo que te pudiera decir es que vamos a darle seguimiento al asunto, no es un asunto que completamente directamente a nosotros, yo no quisiera calificarlo más allá de lo que la misma ley expresa al respecto”.
El juicio fue promovido por la familia de Edgar Echeverría Rodríguez, quien tenía 26 años cuando perdió la vida en medio de los hechos violentos registrados dentro del penal. En la demanda se argumentó que su muerte derivó de una “actividad irregular del Estado”, debido a que dentro del centro penitenciario se permitió el ingreso y almacenamiento de armas, alcohol, droga, equipo táctico y la realización de fiestas encabezadas por líderes criminales.
“No quisiera dar una opinión digo, ¿qué te puede decir son personas privadas de la libertad?, siempre he defendido que tienen derechos humanos, pero también lo que pasó el día 1 de enero del 2023, en donde 10 custodios pierden la vida causa de la amotinamiento de personas vinculadas a la delincuencia, donde hubo un enfrentamiento al interior del Cereso, en donde personas privadas de la libertad tenían en su poder armas de alto poder y que estaban atacando a disparos a las autoridades intervinientes en ese momento bueno pues eso creo que debe tomarse en cuenta para estar resolución”, puntualizó Loya Chávez.
En la sentencia correspondiente al expediente 378/2023-3, el Tribunal estableció que un motín de esas dimensiones no puede considerarse un hecho fortuito, sino una muestra de fallas graves de control, corrupción y autogobierno dentro del Cereso. Además, se determinó que no existían pruebas para acreditar que la víctima hubiera participado en la reyerta, por lo que al encontrarse bajo custodia del Estado, éste era responsable de salvaguardar su integridad.
Por su parte el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, informó este jueves que la resolución será impugnada, al considerar que no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad al Estado. Tras el motín y la fuga masiva, la administración del Cereso 3 dejó de estar a cargo de la Fiscalía y pasó al control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
