Resulta que en el Cabildo descubrieron que existen los peatones. Que todos los días las personas que trabajan, estudian y realizan actividades sociales podrían desplazarse utilizando esa habilidad que desde la prehistoria tiene el ser humano: Caminar.
Esta condición incluye a niñas, niños, e incluso personas con discapacidad visual y auditiva, así como otros que lo hacen utilizando auxiliares ante alguna perdida de movilidad natural. Todos tienen derecho a transitar por la vía pública con seguridad, accesibilidad, autonomía y dignidad.
Es encantador enterarse que la regidora Sandra Valenzuela celebró las modificaciones al Reglamento de Vialidad y Tránsito, particularmente la reforma al artículo 106, fracción VI, que busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, así como de las personas con discapacidad o movilidad reducida.
En el papel, todo suena impecable: inclusión, seguridad, autonomía, no discriminación y hasta asistencia adecuada cuando alguien se encuentre en una situación de riesgo.
El problema es que el reglamento parece estar describiendo una ciudad que todavía no conocemos los juarenses.
Porque una cosa es escribir que una persona tiene derecho a desplazarse con autonomía y otra muy distinta es darle las condiciones para hacerlo.
En Ciudad Juárez, el peatón común —ese espécimen que todavía se atreve a caminar— muchas veces tiene que decidir si prefiere brincar una banqueta destruida, caminar por la calle, meterse entre vehículos estacionados o convertirse en atleta de obstáculos para llegar a la esquina.
Y si caminar ya representa una odisea, imaginemos lo que significa hacerlo en silla de ruedas, con muletas, andador o con alguna discapacidad visual o auditiva.
Juárez creció y se extendió durante décadas pensando principalmente en el automóvil. Las distancias son largas, los cruces seguros escasean en numerosos sectores y existen zonas donde caminar unos cuantos cientos de metros puede convertirse en una expedición. La bicicleta tampoco tiene precisamente una autopista de oportunidades, y para quien depende de una silla de ruedas, una banqueta inexistente o bloqueada no es una pequeña molestia: puede significar que simplemente no puede pasar.
La intención es correcta y hasta necesaria. Aquí no estamos en contra de que las normas protejan a quienes enfrentan mayores dificultades para desplazarse.
El detalle es que hacerlo en el papel no los convierte automáticamente en realidad. Hace falta infraestructura, mantenimiento, vigilancia, sanciones y, sobre todo, una política de movilidad que deje de considerar al peatón como el último eslabón de la cadena vial.
Y todavía falta considerar a los niños y a las personas con discapacidad intelectual, visual o auditiva, para quienes no basta con que exista una banqueta. La ciudad necesita ser comprensible, accesible y segura.
Quizá antes de seguir acumulando reglamentos sobre el Juárez que queremos, sería buena idea revisar el Juárez que tenemos. Porque una ciudad verdaderamente incluyente no se construye únicamente con artículos, fracciones y discursos de Cabildo.
