Esta semana a los presidentes de México y de Estados Unidos se les ocurrió lanzarse verdades absolutas. Primero Trump espetó que es difícil compartir frontera con un país que es gobernado por el crimen y que a todos tiros está contrabandeando droga que mata a sus ciudadanos.
La presidente de este lado, la doctora Sheinbaum, dijo algo aclarando que no lo estaba diciendo. Le explicó apreciable lector, citándola textualmente: “Yo también pudiera decir que es difícil compartir una frontera con un país que tiene un alto consumo de drogas y una gran producción de armas, pero no lo voy a hacer porque tenemos una muy buena relación”.
No sé si todos entendieron lo mismo que las lenguas viperinas. La respuesta de la presidente fue, en esencia, aceptar una verdad y contestarle con otra verdad.
México tiene un problema enorme de narcotráfico, pero Estados Unidos tiene un problema gigantesco con el consumo de drogas. Ambos al amparo del poder.
Marihuana, cocaína y ahora una variedad de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo, forman parte de un mercado que genera miles de millones de dólares y que tiene del otro lado de la frontera a cientos de miles de consumidores.
Además, es verdad también, Estados Unidos es uno de los mayores productores y vendedores de armas del mundo y una cantidad importante de esas armas termina en México, alimentando precisamente a los grupos criminales que desde Washington se señala como una de las principales amenazas para nuestro país.
Esas armas pasan por puentes internacionales, retenes, revisiones, sistemas de vigilancia y todo un aparato de seguridad en el que participan autoridades federales, estatales y municipales.
Pero ¿cómo le hacen? Parece que las armas tienen una especie de permiso mágico para cruzar la frontera. Nadie las ve, nadie sabe por dónde pasan y, cuando aparecen en manos de los delincuentes, ya están del lado mexicano.
Las armas terminan en manos de criminales, cuyos grupos se fortalecen, en una cadena de delitos, que se cometen al amparo o, ponemos un freno, y decimos que es ante la incompetencia de las autoridades.
Si, en Estados Unidos mueren consumidores y las adicciones se han convertido en un problema social y de salud pública de enormes dimensiones.
En México pagamos otra parte de la factura: homicidios, desapariciones, extorsiones, desplazamientos y una violencia que en algunas regiones se ha convertido en parte de la vida cotidiana.
Bastantes evidencias circulan en medios de comunicación que muestran a funcionarios y políticos en Sinaloa, Michoacán, Baja California, bastante relacionados, si no es que fundidos, con los grupos criminales.
Luego Chihuahua no puede sentirse completamente ajeno a esta realidad. Hay municipios donde la presencia y presión de grupos criminales pareciera existir gracias a las omisiones o complicidades del narco y otros grupos delincuenciales.
Por eso resulta interesante esta lluvia de factos.
Pero lejos de estas verdades que atraviesan las fronteras, existe una generación golpeada por las drogas, por la violencia, por el crimen organizado y por una cultura donde el dinero fácil termina resultando más atractivo que las oportunidades legales.
Ese sería el verdadero facto que nadie quisiera escuchar.
Hasta mañana.
