La Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes en materia electoral: uno para establecer como causal de nulidad la intervención extranjera en elecciones y otro para crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE. Ambos proyectos fueron avalados en medio de un intenso debate entre Morena y la oposición.
El primer dictamen, impulsado por el diputado Ricardo Monreal Ávila, plantea reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para permitir la anulación de votaciones o elecciones cuando exista prueba de injerencia extranjera que afecte la libertad o autenticidad del sufragio. La propuesta fue aprobada con 27 votos a favor y 10 en contra.
La reforma considera como violaciones graves actos provenientes del extranjero que impliquen financiamiento ilícito, propaganda, desinformación, manipulación digital o presiones políticas, económicas y mediáticas para influir en los procesos electorales mexicanos. Además, establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el encargado de determinar si dichas conductas fueron graves, dolosas y determinantes para el resultado de la elección.
Durante la discusión, legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron la iniciativa al señalar que busca proteger la soberanía nacional y evitar presiones externas en la vida democrática del país. En contraste, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron que el dictamen tiene ambigüedades, abre la puerta a interpretaciones discrecionales y podría ser utilizado con fines políticos para invalidar elecciones.
En la misma sesión, la comisión aprobó también una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, integrada por cinco consejeros electorales del INE. Este órgano tendría la función de analizar perfiles de aspirantes a cargos de elección popular, en coordinación con autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, para detectar posibles riesgos o vínculos ilícitos.
La propuesta establece que la entrega de información por parte de partidos políticos y aspirantes independientes será voluntaria y que los institutos políticos conservarán la decisión final sobre las candidaturas. Mientras Morena y aliados sostuvieron que la medida ayudará a impedir la infiltración del crimen organizado en la política, legisladores de oposición advirtieron que el mecanismo podría convertirse en una herramienta de control político y señalaron que la reforma se queda corta al no establecer sanciones más contundentes contra partidos o candidatos vinculados con actividades delictivas.
