La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió este miércoles a rendir su declaración ante autoridades federales por el caso relacionado con la presencia y muerte de agentes extranjeros en territorio chihuahuense, un tema que en las últimas semanas ha provocado tensión política y fuertes señalamientos entre distintos actores nacionales.
A su salida, la mandataria estatal lanzó un mensaje contundente en el que aseguró estar siendo víctima de una persecución política y acusó un trato desigual por parte de las autoridades federales. “Mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico les dan inmunidad absoluta”, expresó frente a medios y a través de sus redes sociales.
Campos cuestionó directamente el actuar de la Fiscalía General de la República al señalar que, según sus palabras, a ella se le “cita tramposamente para declarar”, mientras que a personajes políticos vinculados en investigaciones de Estados Unidos “los invitan a entrevistas amigables”. La gobernadora insistió en que Chihuahua está siendo atacado “sin pruebas” y mediante “juicios mediáticos” que, afirmó, violan la presunción de inocencia.
El caso gira en torno a las investigaciones abiertas tras la presencia de agentes extranjeros en operativos realizados en Chihuahua, donde incluso dos agentes perdieron la vida. Aunque hasta el momento no existe una imputación formal contra la mandataria estatal, el tema ha escalado políticamente debido a las declaraciones cruzadas entre figuras de oposición y Morena, así como por las investigaciones paralelas relacionadas con funcionarios sinaloenses señalados en cortes estadounidenses.
Las declaraciones de Maru Campos rápidamente encendieron el debate político nacional. Mientras sectores del PAN han salido en respaldo de la gobernadora argumentando que existe una persecución contra opositores, actores cercanos al oficialismo sostienen que las investigaciones deben continuar sin distinción de partidos. El caso sigue creciendo y podría convertirse en uno de los enfrentamientos políticos y judiciales más fuertes del año rumbo al nuevo escenario electoral en México.
