El pasado domingo falleció el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera, luego de que la unidad en la que se transportaba se desbarrancara en parajes de la sierra de Chihuahua.
Junto a él murieron también dos agentes norteamericanos, presuntamente vinculados a la CIA, quienes participaron en un operativo para desmantelar el mayor campamento de producción de metanfetaminas localizado en la región.
Para darnos una idea de la magnitud, este campamento operaba en una superficie de 800 metros cuadrados y en él trabajaban más de 100 personas.
Tenía la capacidad de producir millones de dosis de droga sintética, principalmente metanfetaminas y presuntamente fentanilo, lo que lo convertía en uno de los centros clandestinos más importantes detectados en el estado.
A partir de este hecho, la polémica comenzó a escalar hasta niveles nacionales y puso en tensión no solo la relación entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Chihuahua, sino también el debate sobre la presencia y participación de agencias estadounidenses en operativos dentro del país.
La principal controversia surgió porque esta intervención, según diversas versiones, habría ocurrido sin pleno conocimiento de la Secretaría de Gobernación y de las autoridades federales correspondientes.
Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo señalamientos sobre la posible inconstitucionalidad de este operativo y acusó al fiscal César Jáuregui de haber ofrecido distintas versiones sobre lo ocurrido.
Y como si esto hubiera dado luz verde, las facciones morenistas en el Senado reaccionaron de inmediato, acusando al Gobierno de Chihuahua incluso de posibles actos que vulneran la soberanía nacional.
En contraparte, la oposición salió en defensa del Gobierno del Estado, asegurando que la prioridad fue combatir al crimen organizado y respaldar la coordinación internacional en materia de seguridad.
Este jueves, el Senado autorizó invitar a comparecer a la gobernadora Maru Campos y al fiscal César Jáuregui para que expliquen los hechos.
Sin embargo, ambos funcionarios no están obligados a acudir, ya que jurídicamente no se trata de una comparecencia formal con carácter vinculante. Aun así, todo indica que podrían aprovechar el escenario político para fijar postura pública.
Y mientras esto ocurre en México, en Estados Unidos, Donald Trump ya emitió comentarios sobre el caso, y sus declaraciones no fueron nada favorables respecto al manejo que se dio a la muerte de los dos agentes norteamericanos.
La presión internacional comienza a crecer y este caso podría convertirse en mucho más que una controversia local.
