A través de reforma aprobada por el Congreso del Estado, desde este jueves 5 de marzo, el Centro Estatal para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, cambia de denominación y pasa de manos del poder ejecutivo al poder judicial.
Las reformas al Decreto No. 259/08 II P.O., tendrán vigencia este jueves por el que la Comisión denominada Centro Estatal para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, dejará de identificarse de dicha manera, para quedar solamente como Centro Estatal para la Instrumentación del Sistema de Justicia Penal
Será parte del Poder Judicial del Estado, que tiene como objetivo la realización de programas y acciones que faciliten la correcta y eficiente aplicación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua y su vinculación social, promoviendo la coordinación interinstitucional de las dependencias de la Administración Pública Estatal y de los Poderes del Estado, para que dentro del ámbito de su competencia coadyuven con este objetivo.
El patrimonio con el que cuenta, a la entrada en vigor del presente Decreto, el Centro Estatal para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal pasará a favor del Poder Judicial del Estado. Por lo cual se fija un término de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para realizar el procedimiento de entrega recepción de los recursos humanos y materiales por parte del Poder Ejecutivo al Judicial.
El personal adscrito al aludido Centro continuará en él y pasará a formar parte de la plantilla de personal del Poder Judicial del Estado
Tendrá las siguientes atribuciones para cumplir con su objetivo:
Coordinar, promover y realizar proyectos de investigación, estudios y análisis relacionados con la creación, implementación, evaluación y seguimiento del Sistema de Justicia Penal;
Desarrollar un programa que contenga políticas y acciones tendientes a consolidar el Sistema de Justicia Penal, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;
Colaborar con los gobiernos municipales y con los sectores social y privado interesados en la materia, así como con los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la elaboración de programas e implementación de acciones que contribuyan al desarrollo técnico, operativo y social del Sistema de Justicia Penal;
Crear comisiones ejecutivas con la participación de los sectores social y privado involucrados y con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para colaborar en la ejecución de acciones que se deriven de los programas aprobados;
Promover la realización de programas que prevean una mayor participación social, a través de la concertación de acciones concretas con las distintas organizaciones sociales, públicas y privadas, que apoyen la consolidación del Sistema de Justicia Penal;
Generar programas de colaboración intermunicipal para emprender acciones coordinadas, que faciliten la implementación del Sistema de Justicia Penal, a través de la integración e intercambio de recursos y actividades entre municipios;
Proponer al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, las adecuaciones jurídicas y reglamentarias que
permitan ordenar e impulsar las acciones que se acuerden para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, a fin de que sean sometidos a las autoridades correspondientes;
Difundir, por medio de publicaciones, actos académicos y medios de comunicación en general, por sí, o a través de
convenios con instituciones docentes y organismos públicos, los resultados de los trabajos de investigación científica, estudio, análisis y recopilación de información, documentación e intercambio que se realice, así como las actividades propias del Centro y los avances en la implementación del Sistema de Justicia Penal;
Establecer y administrar un centro de consulta especializada en materia del modelo de justicia penal, así como destinar las áreas necesarias para la biblioteca, el centro de documentación y de consulta en que se reúna el acervo documental y bibliográfico sobre la materia, permitiendo el estudio autodidacta, generando materiales especiales para este propósito;
Integrar un centro estatal de informática, que contenga un banco de datos analítico e individual sobre el curso que
sigan cada uno de los casos que enfrente el Sistema de Justicia Penal, para la realización de estudios específicos, análisis comparativos, estudios de evolución y prospectiva y casos prácticos; lo anterior, a fin de proponer acciones concretas para consolidarlo y además establecer un mecanismo eficiente de control de calidad en la aplicación de este modelo, para detectar las fallas y proponer medidas correctivas.
Desarrollar sistemas informáticos y de comunicaciones, tendientes a lograr un intercambio de información entre las diferentes instancias que intervienen en la operación del Sistema de Justicia Penal, así como promover su uso uniforme a nivel estatal, bajo el modelo de tiempo real y, en lo posible, bajo el mismo lenguaje con los sistemas implementados a nivel federal.