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La diputada perredista Crystal Tovar Aragón presentó una iniciativa para modificar la Ley para la Erradicación y Prevención de Trata de Personas que fue aprobada el pasado siete de septiembre.
Estas modificaciones responden a los vacíos legales que detectó la legisladora en torno a la armonización de la Ley General con la legislación local, debido a que fueron omitidos diversos puntos fundamentales para combatir este delito.
La legisladora señaló que en la redacción de la legislación local se dejó fuera una atribución en el apartado de las obligaciones del Estado para atender este delito, agregando que si bien fueron consideradas varias atribuciones, no se contempló la detallada en el artículo quinto de la Ley General en torno a la delincuencia organizada.
La perredista explicó que en esta Ley General se da una lista de las atribuciones que tendrán las entidades federativas, pero en el caso de Chihuahua se ignoró aquella que indica que la autoridad local deberá coadyuvar en todo momento con la autoridad federal en la integración de la investigación por delincuencia organizada.
Otra de las omisiones detectadas en dicha ley son las relacionadas con la integración del Fondo Estatal para la atención de víctimas de trata, pues solamente se señaló que este estaría integrado por lo siguiente:
La diputada consideró que era fundamental incluir en este fondo lo que se indica en el artículo 81 de la Ley General, en donde se incluye lo relacionado con la extinción de dominio, es decir incluir aquellos recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados y que estén relacionados con los delitos previstos en dicha ley.
También en este apartado busca que se integren al fondo los recursos obtenidos por fianzas o garantías de pago cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestos por la autoridad judicial.
La última modificación tiene que ver con el órgano que fiscalizará los recursos de este fondo, ya que en la ley actual se le da facultad a alguna dependencia del Poder Ejecutivo para hacerlo, sin embargo en la Ley General se precisa que estos deben ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación y en el caso local tendría que ser por la Auditoría Superior del Estado.
Source: Local