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La PGR decidió no ejercer acción penal contra César Duarte por lavado, delito bancario y defraudación fiscal, porque concluyó que es lícito el dinero con que adquirió las acciones de un banco, y porque reportó al SAT más ingresos que en su declaración patrimonial, reveló la Agencia Reforma.
En la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-09, la PGR concluyó que el exgobernador de Chihuahua adquirió en 65 millones de pesos 15 por ciento de las acciones del banco Progreso Chihuahua con recursos de sus actividades económicas diversas al servicio público y con un préstamo.
“Es importante mencionar que los 65 millones de pesos aportados… Los conforman 40 millones que provienen de retiros de otras inversiones realizadas con anterioridad a que César Horacio Duarte Jáquez se desempeñara como servidor público y 25 millones provenientes de la obtención de un préstamo”, dice el oficio PGR/DG/2649/2015, contenido en la indagatoria archivada la semana pasada.
En esa pesquisa, la presunción era que el ingreso mensual de Duarte como gobernador, que ascendía a 120 mil 245 pesos mensuales, resultaba insuficiente para justificar dicha inversión; por tanto, el dinero debía ser producto del enriquecimiento ilícito, el delito previo al lavado.
Por ello, la PGR requirió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), todas dependientes de la Secretaría de Hacienda, para que revisaran el patrimonio y las cuentas de Duarte. Todos los organismos concluyeron que estaba limpio.
En el diagnóstico citado, la PGR marca que de 2010 a 2013 el exgobernador tuvo 72 millones 748 mil 396 pesos en depósitos y aportaciones.
Un total de 4 millones 720 mil 796 pesos corresponden a pago de nómina; 2 millones 865 mil 180 a pagos de tarjetas de crédito; 65 millones a la aportación relacionada con el Banco Progreso Chihuahua y 162 mil 420 pesos al pago de comisión por el manejo del fideicomiso al que estaba ligada la institución bancaria.
Según la procuraduría, los ingresos percibidos por Duarte en sus cuentas bancarias durante el periodo referido, los cuales ascienden a 7 millones 586 mil 79 pesos, son muy inferiores a los 33 millones 276 mil 449 pesos de ingresos declarados al SAT para efectos del impuesto sobre la renta (ISR), por sueldos y salarios y actividad empresarial en los ejercicios fiscales de 2010 a 2013.
“El ingreso total de César Horacio Duarte Jáquez como servidor público declarado en sus patrimoniales, en el periodo de octubre de 2010 a agosto de 2013, asciende a 5 millones 446 mil 681 pesos, importe que resulta menor al total de ingresos declarados ante el SAT por sueldos y salarios”, dice el documento.
El otro aspecto toral de la denuncia era que Duarte ordenó invertir 802 millones de pesos del erario en la Unión de Crédito Progreso, dinero que esta utilizó para adquirir un crédito que Scotia Bank tenía contra el deudor Hotel Soberano.
Con la adquisición, el hotel pasó a ser parte de la unión y enseguida esta se fusionó con el Banco Progreso Chihuahua, del que Duarte y su esposa antes ya habían comprado 15 por ciento de las acciones.
En relación a ese punto, Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda de Duarte, declaró a la PGR que la apertura de cuentas de inversión fueron suscritas en contratos firmados previos a su nombramiento como secretario.
Esos 802 millones de pesos, explicó, eran recursos estatales derivados de una emisión bursátil de los tramos carreteros concesionados.
Al mismo tiempo, dijo que la decisión de invertir esos recursos no fue ni siquiera de él, sino de un órgano colegiado denominado comité de inversiones, el cual privilegiaba las mejores tasas de interés y plazos, como ya se había documentado en la indagatoria.
Mencionó, además, que esa operación ya había sido revisada por la Auditoría Superior del Estado, sin que hubiese señalamiento de un acto indebido. Cabe decir que el entonces auditor Jesús Esparza Flores hoy está en la cárcel acusado de peculado.
“En ningún momento fueron para capitalizar a unión progreso ni para adquirir ni financiar al hotel Soberano, ya no que correspondió a saldos de inversión depositados a plazos de un día o máximo siete, ni liquidar cuentas a través de Scotiabank relacionadas con este inmueble”, declaró Herrera en la PGR.
Aseguró que el gobierno de Chihuahua no tiene relación con el hotel Soberano, cuyo inmueble pertenece a una sociedad denominada Chihuahua Real de Hoteles, constituida el 30 de enero de 1992.
De acuerdo con el exsecretario de Hacienda, el 16 de diciembre de 2014, cuando ya había iniciado el escándalo por ese asunto, Duarte ordenó por escrito no invertir con recursos estatales en la Unión de Crédito Progreso, aunque tuviera las mejores tasas de interés.
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