La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos confronta al poder Legislativo y Judicial, aunque los escenarios derivados del encuentro aún no se han agotado.
De acuerdo con el abogado penalista, Gabriel Regino, la Ley de Remuneraciones se vincula con la reforma al Código Penal Federal donde se creó un nuevo delito para castigar con prisión a los servidores públicos que cobren más que lo estipulado por la ley.
En entrevista con Noticias MVS, Regino indicó que el Senado de la República promovió una acción de inconstitucionalidad contra la ley, la cual fue resuelta por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, atrayendo un criterio que retoma de la controversia constitucional y no corresponde a las acciones de inconstitucionalidad.
“La controversia constitucional se genera cuando hay un conflicto de competencias o de invasión de competencias; las acciones de inconstitucionalidad, son un análisis de norma general para determinar si es o no constitucional, pero esta acción no prevé la figura de suspender la aplicación de la norma”
GABRIEL REGINO
El ministro resolvió el caso ordenando la suspensión de la Ley de Remuneraciones para proteger los intereses económicos de la SCJN y del Poder Judicial de la Federación, señaló el penalista quien considera que esta interpretación podría llevarse a debate.
Adicionalmente, será la Cámara de Diputados mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, el que fije el salario del presidente Andrés Manuel López Obrador y determine la reducción de ingresos a los servidores públicos con base en el artículo 127 constitucional, donde se estipula que ningún servidor público puede ganar más que el presidente.
Además dado que no se suspende la aplicación del Código Penal Federal, el abogado prevé dos escenarios: primero que la Procuraduría General de la República (PGR) “podría iniciar carpeta de investigación” al funcionario y oficial mayor que autoriza un salario mayor que el del presidente y por tanto, llevado a prisión preventiva oficiosa.
En el segundo caso, algún ciudadano podría acudir ante el Congreso de la Unión y demandar un juicio político contra el ministro Pérez Dayán debido a su resolución de la acción de inconstitucionalidad, siendo necesarios 251 diputados y 85 senadores para aprobar la propuesta de “destituir e inhabilitar” al ministro porque “ha suspendido una ley sin que la ley prevea la figura de suspender la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”.
El abogado considera que la interpretación del ministro fue garantista debido a que afectaba directamente sus intereses económicos.
Fuente: SDP Noticias
Source: Mexico