Durante tres días, bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional y hasta el Ejército sostuvieron un combate contra el incendio registrado en el Centro de Acopio GCC, allá por el 26 de la rúa a Nuevo Casas Grandes. Allá por los muy olvidados Kilometros.
Pues ayer las autoridades informaban un avance cercano al 95 por ciento en su control, aunque precisamente ese corazón del fuego representa la etapa más complicada de toda la emergencia.
Estamos hablando de montañas de materiales que conservan temperaturas extremadamente altas, el riesgo constante de reactivación del fuego y la necesidad de proteger al personal y a la maquinaria pesada que remueve los residuos.
El incendio terminará por extinguirse. Después vendrá el retiro de cientos de toneladas de materiales calcinados o medio chamuzcados, su traslado al relleno sanitario, la disposición final de los residuos, el saneamiento del predio y la evaluación del impacto ambiental que dejó una columna de humo visible durante varios días sobre una amplia zona de Ciudad Juárez.
Ese proceso llevará tiempo, recursos públicos y una coordinación institucional que apenas comienza.
Pero el incendio de GCC dejó algo mucho más importante que toneladas de ceniza: Dejó al descubierto la punta del iceberg.
Porque este centro de acopio representa apenas uno de los muchos establecimientos que durante años han ido acumulando enormes volúmenes de materiales altamente combustibles alrededor de las ciudades.
Tarimas de madera, cartón, plásticos, empaques industriales y toda clase de residuos reciclables forman parte de una actividad económica indispensable para cualquier comunidad moderna. El reciclaje genera empleos, reduce desperdicios y alimenta cadenas productivas.
Bien por el reciclaje, mal por a falta de regulación y por el hecho de que parece ser que siempre el crecimiento urbano termina alcanzando a esas instalaciones.
Así ha ocurrido una y otra vez. Las recicladoras se establecen en la periferia porque requieren grandes extensiones de terreno. Después llegan sus trabajadores, aparecen asentamientos humanos, se desarrollan colonias, se construyen escuelas, supermercados, centros comerciales y vialidades.
Entonces cambia completamente el nivel de riesgo.
Un incendio deja de afectar únicamente a una empresa para convertirse en un problema de salud pública, de movilidad, de calidad del aire y de protección civil para miles de personas.
Eso fue exactamente lo que ocurrió con GCC.
Durante varios días, la enorme cantidad de humo daño la calidad del aire a tal grado que el Tecnológico de Juárez pidió a sus alumnos no salir a realizar actividades al aire libre.
Hay que señalar que las autoridades realizan un monitoreo permanente de la calidad del aire y tras 48 horas la Dirección de Ecología determinó que las condiciones permanecían dentro de parámetros normales para lo que es la zona, que por cierto esos parámetros rozan pero bastante cerca niveles inaceptables para la población.
Al mismo tiempo, decenas de elementos continuaban trabajando entre temperaturas extremas para impedir que el fuego encontrara nuevos puntos de propagación.
Y mientras ¿Quién hace valer la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que establece criterios para el manejo de residuos de manejo especial? De poco ha valido también la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que impone obligaciones para prevenir riesgos ambientales.
Si a esto le sumas que Chihuahua cuenta además con su propia Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, mientras que los municipios participan mediante los reglamentos de Desarrollo Urbano, Ecología y Protección Civil. El marco jurídico distribuye responsabilidades, establece inspecciones, medidas preventivas y condiciones para la operación de este tipo de establecimientos.
El desafío aparece cuando la supervisión no está al mismo ritmo en que crecen las ciudades.
Hasta mañana.
