Unos ya lo tienen y otros lo van a pelear con uñas y dientes en el 2027. Hablamos de esa figura constitucional que ha sido creada para evitar persecuciones políticas contra representantes populares o gobernantes, pero que en los hechos se convirtió en el refugio favorito para encontrar la impunidad.
Ojalá los casos fueran pocos. Por ejemplo, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, hace años utilizó su calidad de legislador federal para evitar consecuencias legales tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad en la Ciudad de México.
El famoso “torito” terminó topándose con el muro protector del fuero. Hoy, Javico, convertido en senador de la República, evade una orden de aprehensión en su contra por un supuesto desfalco a las arcas estatales de Chihuahua por casi 100 millones de pesos.
¿Cómo olvidar esa escena donde el Gobierno de la ciudad de México le rescató de una comisión ministerial que le había pescado cenando en un lujoso restaurante? Por poco -ante la ausencia del fuero- conoció los beneficios de una celda en el mal llamado Saint William Spa & Resort.
Y mientras algunos en Morena rasgan vestiduras hablando de combate a la corrupción, otros parecen correr desesperadamente a cobijarse bajo el paraguas constitucional.
Ahí está el caso de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy” para los amigos, cuya intención de buscar posiciones rumbo al 2027 en Tabasco coincide con el crecimiento de rumores, investigaciones y expedientes incómodos alrededor de personajes cercanos al movimiento obradorista.
Más delicado aún es el caso del senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez, señalado en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos criminales y cuya posición política le otorga una protección procesal extraordinaria mientras cualquier intento judicial debe atravesar primero el laberinto político del desafuero.
Por cierto, quien sabe si esta semana ya se dignará a presentarse al Senado.
El caso de Rubén Rocha Moya merece capítulo aparte. El mandatario solicitó licencia en medio de una tormenta política derivada de acusaciones surgidas desde Estados Unidos. Y aquí viene el debate jurídico interesante: ¿la licencia suspende el fuero?
Buena parte de la doctrina constitucional sostiene que sí. Diversas interpretaciones del artículo 112 constitucional y precedentes históricos de la Suprema Corte señalan que, al separarse temporalmente del ejercicio de sus funciones, el servidor público deja de gozar de inmunidad procesal, precisamente porque el fuero protege la función y no a la persona.
Sin embargo, en México todo depende del cristal político con que se mire. Por ejemplo el oficialismo es excesivamente generoso al llamar “ciudadanos mexicanos” a ciertos a los 10 políticos y funcionarios de Sinaloa sobre los que pesan acusaciones de una oficina de justicia norteamericana por sus vínculos con el narcotráfico, a la oposición le reserva insultos, campañas mediáticas y linchamientos morales.
La justicia federal parece tener una velocidad distinta dependiendo del partido, el apellido y el padrinazgo político.
Y llegamos entonces al caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien fue citada a declarar ante la FGR en calidad de testigo dentro de la investigación relacionada con la presunta intervención de agentes de la CIA en territorio chihuahuense durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Morelos.
Aquí también surgió inmediatamente la polémica sobre el alcance del fuero constitucional.
La realidad jurídica es más compleja de lo que muchos quieren admitir. El fuero no impide que un funcionario sea investigado, citado o llamado a declarar. Lo que impide es que pueda ser detenido o procesado penalmente sin un procedimiento previo de declaración de procedencia, conocido popularmente como desafuero.
En el caso específico de una gobernadora, el artículo 111 constitucional establece que para proceder penalmente contra ella por delitos federales se requiere primero una declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados federal y posteriormente la intervención del Congreso local.
¿Y qué pasaría si Maru Campos no acudiera a un citatorio como testigo?
Jurídicamente, la FGR podría solicitar medidas de apremio para obligar la comparecencia de cualquier ciudadano citado legalmente.
Pero tratándose de una gobernadora en funciones, cualquier medida que implique restricción de libertad chocaría inmediatamente con la protección constitucional del cargo y abriría una batalla política y jurídica monumental.
Y ahí es donde según escuche ayer a la oposición, podría arder México.
Hasta mañana.
