Esta semana el gobierno de Estados Unidos declaró la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y reiteró la colusión de integrantes del gobierno mexicano con esa organización criminal.
Según la DEA, esa protección ha permitido el tráfico de fentanilo, el lavado de dinero y la expansión de un grupo al que responsabilizan por la muerte de miles de ciudadanos estadounidenses.
El mensaje fue emitido por el director de la DEA, Terry Cole, quien aseguró que el CJNG construyó una vasta red criminal sostenida por la violencia, la corrupción y la protección de funcionarios mexicanos.
“Esto es apenas el principio”, advirtió al anunciar nuevas acusaciones federales y recompensas que, en conjunto, superan los 100 millones de dólares para lograr la captura de líderes del cártel.
Este es el posicionamiento más frontal de una autoridad estadounidense al señalar que la ofensiva ya no estará dirigida únicamente contra los jefes del narcotráfico, sino también contra quienes desde el aparato gubernamental —según su versión— facilitan sus operaciones.
Ay nanita, que se agarren los que tengan cola que les pisen.
Una cosa es combatir un grupo criminal y otra muy distinta ir contra parte del Estado mexicano. Esa afirmación inevitablemente eleva la tensión entre ambos países y coloca la relación bilateral en un terreno mucho más delicado.
Ahora bien, desde este lado se sostiene que hasta este momento el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas que respalden esas acusaciones.
Terry Cole habló de funcionarios corruptos y de protección institucional al CJNG, pero se sabe que en abril se extendieron sendas solicitudes de detención urgentes contra el gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, el senador Enrique Inzunsa y otros 9 altos perfiles que en su mayoría representan la estafeta morenista.
Hasta el momento no hay capturas de este lado, pero si se conoció que de mutuo propio, quizá por miedo a ser silenciados por los suyos, tres cabecillas se entregaron al gobierno norteamericano para ser testigos protegidos, uno de ellos el exsecretario de seguridad pública, un general retirado que luego se mostró encadenado y vestido de naranja en calidad de detenido.
Es imposible minimizar la expresión de Terry Cole. No es un periodista, ni un comentocrata, como dice con desprecio la Presidente Sheinbaum; es el director de la DEA, la principal agencia antidrogas de Estados Unidos.
Cuando un funcionario de ese nivel afirma que perseguirá tanto a los líderes del CJNG como a los funcionarios que los protegen, el mensaje está dirigido tanto a los criminales como a los gobiernos.
La administración de Donald Trump desde hace tiempo se dejo de matices y catapultó la crisis del fentanilo a un asunto de seguridad nacional. Terry Cole incluso lo calificó como un “arma de destrucción masiva”, dejando claro que Washington utilizará todos los recursos disponibles para enfrentar a quienes considera responsables.
Lo que ocurra en los próximos meses será determinante. Veamos hasta donde el gobierno mexicano sigue con su ceguera de taller u omiso en sus responsabilidades contra la delincuencia organizada, porque de sinvergüenzas corruptos muchos pasarán a criminales de lesa humanidad.
Porque es seguro que ningún ciudadano de bien lamentará una injerencia si eso pone fin al baño de sangre que generan de este lado las organizaciones criminales y que los altos funcionarios que las defienden enfrenten la justicia.
Veamos que pasa.
Hasta mañana.
