Cuando la semana pasada el maestro Alberto Jasso decidió terminar con su vida, las leyes le amparaban con la presunción de inocencia, al no haber sido sujeto a proceso y sentenciado mediante un juicio justo.
Pero antes de morir, Jasso dejó un video en el que afirmó ser no culpable y definió su decisión como “un acto de rebeldía”.
La tragedia pronto fue desplazada por el juicio mediático. Entre las reacciones es imposible no subrayar la de la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, Arely Reyes Terán, quien expresó: “Se hubiera matado antes”.
Aunque posteriormente se disculpo por su exabrupto, no puede negar que su reacción natural es más un criterio que la corriente feminista logro imponer en el imaginario colectivo: Los hombres son culpables hasta que no demuestren lo contrario.
Es decir, la frase resulta preocupante porque revela cómo el prejuicio puede anteceder al análisis de los hechos. Cuando quien tiene la responsabilidad de impartir justicia parece partir de una conclusión antes que de las pruebas, la confianza en el Estado de Derecho inevitablemente se erosiona.
El caso también abrió un debate que muchos docentes venían planteando desde hace tiempo. La tesorera de la Sección 42 del SNTE, Gabriela Domínguez Franco, advirtió que los maestros no pueden ejercer su profesión bajo el temor permanente de ser denunciados por llamar la atención a un alumno, imponer disciplina o asignar una calificación desfavorable.
No se trata de minimizar las denuncias legítimas de acoso, que deben investigarse con absoluta seriedad, sino de recordar que una acusación jamás puede sustituir a una sentencia. La protección de las víctimas y las garantías del debido proceso no son principios incompatibles; ambos son pilares de cualquier democracia.
Vivimos tiempos en los que con frecuencia las redes sociales dictan condenas antes que los tribunales. En ocasiones, el señalamiento público basta para destruir una reputación construida durante décadas.
La justicia deja de ser un procedimiento para convertirse en un espectáculo donde importa más la presión social que la verdad. Ese camino es peligroso porque cualquier ciudadano puede convertirse mañana en víctima del mismo mecanismo.
La educación también enfrenta una transformación compleja. Muchos maestros sienten que han perdido autoridad frente a alumnos cada vez más empoderados y padres que, en ocasiones, confunden la defensa de sus hijos con la descalificación automática del docente.
La escuela no puede convertirse en un espacio donde el profesor enseñe con miedo. Educar implica corregir, exigir, orientar y formar carácter. Si cada decisión disciplinaria se interpreta como un potencial abuso, el aula termina siendo gobernada por el temor y no por el conocimiento.
México necesita instituciones educativas capaces de formar ciudadanos íntegros, críticos y emocionalmente equilibrados. Esa misión requiere maestros con autoridad moral y jurídica para ejercer su labor, así como mecanismos eficaces para sancionar cualquier conducta indebida cuando realmente exista. Defender la presunción de inocencia no significa abandonar a las víctimas; significa impedir que la justicia sea reemplazada por el linchamiento.
Alberto Jasso ya no podrá defenderse. Tampoco habrá una sentencia que esclarezca los hechos. Lo único cierto es que murió sin haber sido declarado culpable por ningún juez. Y en un Estado de Derecho, ese hecho tiene un nombre que no debería olvidarse: presunción de inocencia. Ignorar ese principio no sólo es una injusticia para él; es un riesgo para todos.
Hasta mañana.
