Más de 40 mil Mipymes, proveedoras del sector público, sufren el retraso de pago por parte de estados y municipios, los cuales les adeudan más de 100 mil millones de pesos al cierre de 2014, por lo que el diputado José Bernardo Quezada Salas (Nueva Alianza) propuso que las dependencias gubernamentales cubran estas obligaciones en un plazo no mayor a 30 días naturales.
Al impulsar una iniciativa para reformar y adicionar seis artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, urgió a fortalecer este sector productivo porque emplea al 72 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) y genera el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Sostuvo que se requiere promover y fomentar el pago a proveedores Mipymes por la descapitalización que padecen desde el primer semestre del presente año, situación que tiende a agravarse por la caída de ventas en el mercado interno, y por el incumplimiento de pago por parte de estados y municipios.
Quezada Salas propuso cambios legislativos para mejorar y hacer más sencilla la normativa en materia de desarrollo y apoyo a este sector productivo, específicamente los mecanismos de gobierno electrónico, simplificación administrativa y fiscal que propicien la reducción de costos.
Urgió a evitar descapitalización y cierres definitivos de Mipymes ante la serie de compromisos económicos e incentivar a estas empresas mexicanas para que accedan a mejores condiciones crediticias con tasas preferenciales. Lamentó que “la mayor parte de estas unidades industriales sufran la falta de pago por periodos de entre tres a 5 años por parte de los gobiernos municipales y estatales”.
Argumentó que muchos de los proveedores del sector público son pequeñas y medianas empresas, que dependen del pago de sus servicios o productos para mantener su liquidez. Al no recibir a tiempo sus pagos dejan de contratar personal, invertir en tecnología y ampliarse hacia otros mercados. En ello radica la importancia de impulsar el pago oportuno a estas factorías, subrayó.
Refirió que el país concluyó 2014 con un saldo de deuda pública en los estados y municipios de 509 mil 690 millones de pesos, 1.4 por ciento mayor a la registrada en 2013. “Esto es motivo para una rigurosa inspección y es preocupante que una cuarta parte de estos recursos sean adeudos a proveedores Pymes”.
La iniciativa promueve también mecanismos diferenciadores en tasas de interés para beneficio de estas empresas, a fin de que tengan acceso al financiamiento tomando como referencia el buen historial crediticio.
Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen un motor del desarrollo nacional, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) conforman el 99.8 por ciento de las unidades empresariales del país, por lo que su rol en la economía es fundamental para el mejoramiento de las condiciones de vida de millones de familias mexicanas.
Al enfatizar que el financiamiento es una de las principales problemáticas para estas factorías, destacó que resultados de la encuesta Evolución del Financiamiento a las Empresas, durante el trimestre abril-junio de 2015 publicados por el Banco de México (Banxico), indican que las dos fuentes de recursos más utilizadas fueron los proveedores y la banca comercial.
Los proveedores, con 77.9 por ciento de las empresas; banca comercial, con 36.9 por ciento; otras compañías, corporativos y/o la oficina matriz, con 24.6 por ciento del conjunto; bancos domiciliados en el extranjero, con 7.7 por ciento de las industrias encuestadas, emisión de deuda, con 1.7 por ciento de las factorías, y bancos de desarrollo con 5.4 por ciento de las mismas. Se aclara que la suma de los porcentajes es superior al 100 por ciento, debido a que una empresa recurre a diferentes fuentes de financiamiento.
Propiciar un menor financiamiento por parte de los proveedores y mejorar el flujo de ese sector productivo son tareas indispensables para generar mayor rentabilidad y mejores empleos, comentó.
También consideró conveniente crear un programa de reconocimiento a aquellas empresas públicas y privadas que cubran sus compromisos con proveedores Mipymes en un lapso de 30 días naturales como máximo, y que por lo menos el 30 por ciento de sus proveedores sean de este sector.