Académicos e investigadores de 16 instituciones de nivel superior en México, públicas y privadas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Iberoamericana, exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto que se esclarezcan todas las “inconsistencias y engaños” contenidos en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), y que se amplíe el plazo de estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (GIEI-CIDH) de manera indefinida hasta el esclarecimiento de los hechos, y que se garantice su acceso a “toda la documentación, personas e instituciones públicas como privadas, vinculadas”.
“Reprobamos la actitud de las autoridades de procuración de justicia federal y del estado de Guerrero por la creación de una historia revictimizante, y su insistencia de reconocerla como la verdad histórica. El Estado mexicano debe cumplir con las recomendaciones del informe [del GIEI-CIDH], e investigar a las y los servidores públicos que obstruyeron la justicia”, exigieron los 87 académicos e investigadores en un comunicado dirigido a Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la Procuradora General de la República, Arely Gómez, entre otros funcionarios federales, así como a las cámaras de Diputados y Senadores.
Los profesores detallan que en el Informe del Grupo de Expertos, hecho público el pasado 6 de septiembre, se informó de diversas “inconsistencias y engaños contenidos en la investigación penal contra las personas responsables de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.
“Resulta una ofensa para las víctimas y la sociedad en general, que a un día de la presentación del Informe del GIEI, servidores públicos del más alto nivel en la Procuraduría General de la República se pronuncien en contra del mismo”, sostuvieron.
En este sentido, coincidieron en que el Estado mexicano debe refrendar su compromiso con las víctimas y el respaldo al GIEI, “con la inmediata destitución de servidores públicos que continuarán obstaculizando la acción de la justicia”.
Los académicos destacaron que aunque el mandato del GIEI se amplió por un par de meses, ante “la magnitud del trabajo que realizan, debe considerar un plazo indefinido, hasta el esclarecimiento de los hechos”.
Dijeron además que el Estado mexicano, a través de todas su autoridades, “debe respaldar públicamente al GIEI, quienes gozan de una alta calidad moral, amplio conocimiento materia de derechos humanos y experiencias en hechos de igual o mayor magnitud de violaciones de derechos humanos ocurridas en países como Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y Guatemala”.
En ese contexto, los firmantes exigieron al Gobierno mexicano “el cumplimiento de las recomendaciones” hechas por el Grupo de Expertos de la CIDH; así como esclarecer “todas las inconsistencias y engaños contenidos en la investigación ministerial de la PGR”; además de que se individualice la responsabilidad de quienes “actuaron con dolo, mala fe o negligencia, para obstruir la persecución penal de las ejecuciones arbitrarias, tortura y desaparición” ocurridas en Iguala.
Recalcaron la necesidad de que se amplíe por tiempo indefinido el Acuerdo de Cooperación del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el fortalecimiento de su mandato, y de recursos humanos y materiales indispensables para la labor de los expertos.
En el mismo sentido, exigieron “el acceso a toda la documentación, personas e instituciones públicas como privadas, vinculadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, incluida las entrevistas de manera libre y personal con elementos del ejército mexicano, policías federales, agentes ministeriales federales y estatales, así como de acceso a instalaciones militares”.
Pidieron también la participación del GIEI en todas las actuaciones ministeriales que se realicen, y su conformidad con la elección de peritos independientes, así como, su presencia en la ejecución de las periciales correspondientes.
Finalmente, exigieron “no criminalizar las manifestaciones públicas que se realicen, las cuales derivan de la ineficiencia e ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para garantizar un acceso a la justicia”.
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