Un juez de Arkansas detuvo este viernes las ejecuciones de ocho presos condenados a muerte, asestando un duro golpe a los esfuerzos del estado para reiniciar las ejecuciones después de una década de no realizarlas, publicó Univisión.
La decisión del juez de la Corte de Circuito del Condado de Pulaski, Wendell Griffen, llega mientras algunos internos estaban desafiando una nueva ley de Arkansas que permite al estado ocultar cualquier información sobre los fabricantes o vendedores de los medicamentos que emplean para las ejecuciones.
Dicha ley fue promulgada por la Asamblea General de Arkansas este año.
El Estado había argumentado que era constitucional no revelar estos datos.
Un abogado de los reclusos sostuvo que la nueva ley los ponía en riesgo de padecer dolor y sufrimiento innecesario, debido a que la eficacia de los fármacos no podía ser comprobada antes de las ejecuciones.
Arkansas, uno de los 31 estados en EEUU que permite la pena de muerte, no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 2005, pero tenía previsto reanudarla el 21 de octubre con dos ejecuciones. Las principales razones: las batallas legales y políticas sobre los procedimientos en las ejecuciones.