Esto me lo explicó un leguleyo con lengua bastante viperina. Aquí solo se consigna: La presidenta con “a” Claudia Sheinbaum reconoció este jueves en la mañanera que el gobierno de Estados Unidos ha rechazado al menos 38 solicitudes de aprehensión con fines de extradición promovidas por México por considerarlas “sin sustento”.
Y aunque desde Palacio Nacional intentan presentar el tema como una muestra de resistencia o cerrazón de las autoridades norteamericanas, lo que en realidad se entiende con esto es cosa diferente.
Porque lo dicho por la presidenta implica que el gobierno mexicano presentó expedientes deficientes, incompletos o incapaces de sostenerse jurídicamente ante tribunales estadounidenses.
No existe otra interpretación para quien vio esto y sea imparcial.
Las extradiciones solo se niegan por capricho cuando existe evidencia sólida; se frenan cuando las acusaciones carecen de pruebas suficientes o cuando las carpetas simplemente no cumplen con los requisitos legales establecidos en el tratado bilateral.
Porque mientras Sheinbaum acusa que hubo solicitudes rechazadas “por no tener sustento”, un tribunal norteamericano sí emitió recientemente esa orden de detención provisional urgente y procedimiento de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios sinaloenses.
El detalle jurídico y político demoledor esta en el carácter de urgencia que difícilmente se entenderá como rutina administrativa. Ese tipo de medidas se aplican cuando existe riesgo de evasión de la acción de la justicia o posibilidad de fuga.
El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos es bastante claro para usarlo con interpretaciones políticas.
El artículo 10 establece que cualquier solicitud debe enviarse por la vía diplomática acompañada de órdenes de aprehensión válidas, descripción detallada de los hechos, fundamentos legales y pruebas suficientes para sostener la acusación.
El artículo 11 incluso contempla mecanismos de urgencia para detenciones provisionales, pero obliga a formalizar posteriormente toda la documentación dentro de plazos específicos. Es decir, el sistema está diseñado precisamente para evitar persecuciones improvisadas o acusaciones sin respaldo.
Por eso la declaración presidencial terminó convirtiéndose en un reconocimiento involuntario de que durante años se promovieron solicitudes internacionales que no estaban sólidamente sustentadas.
Eso derrumba parte importante del discurso de la 4ª Transformación, que presume un combate frontal contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad.
Porque si un tribunal estadounidense determina que las solicitudes carecen de sustento, el problema no está en Washington. El problema está en quien armó los expedientes en México. Está en las fiscalías. Está en los ministerios públicos. Está en quienes integraron carpetas incapaces de superar el mínimo estándar jurídico internacional.
Y aquí aparece otra contradicción incómoda para el oficialismo.
Durante años, Morena y sus aliados acusaron a gobiernos anteriores de fabricar casos, perseguir políticamente adversarios y judicializar la política sin pruebas suficientes. Hoy, desde la propia presidencia, se admite que decenas de solicitudes internacionales terminaron rechazadas precisamente por falta de sustento. Exactamente aquello que tanto criticaron.
Hasta el lunes.
