A inicios del mes de octubre, concesionarios del transporte público interpusieron ante el Congreso una denuncia de juicio político en contra del gobernador del estado, César Duarte Jáquez, por irregularidades en torno al sistema de movilidad urbana y por presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Hasta el momento las autoridades legislativas no han enviado una notificación oficial al Ejecutivo Estatal, según declaró el secretario general de gobierno, Mario Trevizo Salazar.
La denuncia fue interpuesta por conducto del apoderado legal, Maclovio Murillo, fundamentando la denuncia en la firma del mandatario estatal como deudor solidario en la compra de los 84 camiones del sistema de transporte público, Vivebús, por un grupo de concesionarios y un monto superior a los 10 millones de pesos.
El 30 de septiembre del 2015 fue recibida la querella por la secretaría de servicios parlamentarios de Congreso del estado, según publicó el medio nacional La Jornada. Esto fue un día antes de la entrega del quinto informe de gobierno de la administración, presentado por el secretario general de gobierno, Mario Trevizo Salazar.
El abogado sostuvo que Duarte no tiene facultades legales para firmar como deudor solidario en un crédito entre particulares y al hacerlo violó el marco legal. El representante no descartó que haya intereses económicos de por medio, pues los concesionarios se vieron presuntamente obligados a comprar una determinada marca y modelo de autobuses -Mercedes Benz Torino- y no los Volvo, cotizados inicialmente.
Se detalló que para pagar la obligación adquirida con la empresa que vendió los camiones, Duarte Jáquez solicitó un crédito con Unión Progreso para la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), la cual operaba el ViveBús hasta hace pocas semanas, siendo pagado el préstamo antes de octubre del 2012, pagando con recursos públicos la deuda de una emrpesa privada.