El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, refrendó el compromiso de la institución para ser eco contra la corrupción y avanzar en desmantelar todas sus redes, a fin de consolidar un Estado de derecho que legitime la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
Sostuvo que México ha emprendido de manera resuelta el camino de la transparencia a través de reformas legislativas consensuadas por los actores públicos y sociales, derivado de la necesidad que tenemos, dijo, de recuperar la confianza en el Estado de derecho para lograr una verdadera legitimación de la actuación de las instituciones.
Al emitir su mensaje durante el foro “Jornada de Sensibilización sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, Zambrano Grijalva precisó que la Cámara de Diputados, al ser un sujeto obligado de este marco jurídico, ha acordado que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva transparenten el uso y destino de todos los recursos.
Incluso, dijo, aplicar austeridad y que las subvenciones de los grupos parlamentarios también se transparenten, así como ser más eficaces y eficientes en las actividades de las comisiones.
Además, atender toda solicitud de información que permita avanzar para consolidar un régimen de derecho que se legitime por sus propias acciones y por el respeto mismo a las normas elaboradas por el Congreso, enfatizó.
En el evento organizado conjuntamente por la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Zambrano Grijalva destacó la importancia de armonizar el trabajo legislativo con la sociedad civil, con el INAI y con la Auditoría Superior de la Federación para construir la norma más perfecta.
“Una norma que no tenga recovecos, a la que nadie pueda eludir para que se cumpla, porque una norma imperfecta, definitivamente no sirve, termina no aplicándose y es prácticamente eludible por todo el mundo”, aseveró.
Por ello, convocó a avanzar con rapidez y con la celeridad que reclama el país para que las entidades federativa asuman la parte que les corresponde ante la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobada en abril y promulgada en mayo del presente año, para que cumplan con la armonización de su legislación en la materia.