La investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa ha sido construida en declaraciones posiblemente tomadas bajo tortura, advirtió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante ese riesgo, las nuevas indagaciones deben ser reorientadas, enfatizó.
Durante la conferencia de prensa sobre lo que será el segundo mandato del GIEI, los expertos sostuvieron la importancia de que las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) considere la inclusión de pruebas que vayan más allá de las declaraciones.
Los expertos expresaron que se corre el riesgo de que se confirme que lesiones documentadas en detenidos hayan sido hechas bajo tortura. De acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tanto a nivel nacional o internacional, una prueba obtenida bajo tortura, no puede utilizarse para una investigación, apuntalaron.
“Lo que significa que evidencia distinta a la declaración sí puede ser utilizada, por eso es importante que haya otras pruebas que permitan la condena de la persona. La excesiva dependencia de declaración, crea incentivos perversos para obtenerla, por lo tanto, y lo hemos dicho en el informe, es necesario, replantear la investigación de un modo que sean las evidencias externas las que permitan las convicciones”, dijo el experto chileno Francisco Cox Vial.
Los miembros del Grupo recordaron que tienen como misión suministrar medios para que las autoridades de justicia determinen el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y la responsabilidad de los presuntos responsables.
“En estos casos, si [dicho suministro de medios] llegan hacer que los jueces acojan una posibilidad de tortura, se tengan medios probatorios idóneos, que estén a la par para demostrar las responsabilidades o no de las personas implicadas”, explicó la experta Ángela Buitrago.
En cuanto a los interrogatorios, la experta explicó que el Grupo seguirá insistiendo en que se les autorice poder entrevistar a las personas que sean detenidas, o que sean contempladas por la investigación como fundamentales.
Sin embargo, el Estado no ha cedido ante esta petición, en especial, las entrevistas hechas a militares. El GIEI informó que las autoridades de la PGR entrevistaron a 10 militares del Batallón 27 de Iguala, el 26 de agosto.
“Una semana después de que el Estado respondiera al GIEI que sólo podría realizar un cuestionario para que fuera aplicado por la PGR”, citó una misiva de los expertos.
Y el 11 de septiembre, se volvieron a realizar otras dos entrevistas a militares, uno de ellos ya previamente interrogado, por lo que fueron 11 los miembros del Ejército sujetos a este procedimiento. Pese a que el Grupo había solicitado previamente la interrogación a 26 elementos.
Los expertos refirieron que no sólo nunca fueron invitados a estar presentes en las entrevistas, sino que los 15 cuadernillos que aún les quedan por revisar, recién hechos llegar el jueves pasado a los expertos, que contienen las declaraciones de los militares carecen de las preguntas de la PGR. Es decir los expertos sólo pueden leer las respuestas pero no las preguntas realizadas durante las entrevistas.
“Nosotros revisamos hasta el mes de septiembre, hasta el cuaderno 126. Independientemente, de eso, nos faltan revisar 15 cuadernos que no han sido entregados el día de ayer, para completar los 151 tomos que tiene hasta el momento la investigación”, dijo Buitraga.
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