El Pleno camaral aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informe cuáles son las autoridades, entidades o dependencias que depositaron o invirtieron sus recursos en la sociedad financiera popular Ficrea y a cuánto ascienden los montos respectivos.
En particular, de las dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el ámbito federal y estatal, órganos autónomos desconcentrados, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, productivas del Estado y subsidiarias, procuradurías, agencias, institutos, comisiones, fideicomisos y fondos públicos, que reciban y ejerzan recursos públicos y fondos de ahorro para trabajadores.
De igual modo, se solicitó a la Procuraduría General de la República, a las procuradurías generales de Justicia del Distrito Federal y de Coahuila, a la CNBV y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fincar responsabilidades a los entes públicos que hubieran comprometido recursos públicos, así como el patrimonio de trabajadores, particularmente de aquellos adscritos a los tribunales superiores de justicia del Distrito Federal y de Coahuila.
El diputado Abel Octavio Salgado Peña (PRI) manifestó que es necesario exigir un informe de todas aquellas entidades que invirtieron recursos públicos en una sociedad, cuya solvencia ha quedado en entredicho. De ahí que es oportuna la intervención de la ASF, la CNBV, la PGR y la PGJDF, a efecto de que se deslinden responsabilidades. “Es una solicitud que nada resulta contraría al secreto bancario, toda vez que estamos hablando de recursos públicos”, enfatizó.
Añadió que el PRI está a favor de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, y en un caso como éste, se debe privilegiar el bienestar de los pequeños ahorradores a quienes desfalcaron el patrimonio de su vida, y no a los funcionarios que omitieron un deber ciudadano al contratar con Ficrea. “Que se pague primero, y de manera privilegiada, a los ahorradores que son víctimas del abuso y de los excesos de los funcionarios”, demandó.