La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene la facultad de discutir y decidir sobre la regulación de la producción y uso de la marihuana en cualquier modalidad propuesta, señaló el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD.
“¿Por qué se tiene que definir un tema tan importante para la sociedad mexicana con una resolución del Poder Judicial, en lugar de que se haga en el Poder Legislativo donde trabajamos los representantes populares?”, cuestionó.
Subrayó que es el Poder Legislativo el que debe promover un debate exhaustivo mediante foros públicos para debatir la legalización de la marihuana, con la participación de la sociedad; estos espacios servirían para recopilar propuestas y argumentos para valorar su regulación con fines medicinales y recreativos, detalló.
En ese sentido, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión a organizar y convocar foros de participación ciudadana en los que se analice la legalización del psicotrópico, también llamado cannabis.
El documento presentado por el senador Ríos Piter cuestiona la efectividad de la prohibición del consumo de marihuana en el país, impulsada en gran medida por Estados Unidos, y menciona que esa condición ha provocado una crisis de inseguridad y derechos humanos.
“Estados Unidos padece bipolaridad ya que critica la crisis de inseguridad y derechos humanos que prevalece en México, pero al mismo tiempo, legaliza el consumo en diversas partes de su territorio”, señaló Ríos Piter.
Determinó que México requiere alternativas que permitan romper el círculo vicioso de prohibición, mercado negro, corrupción y violencia.
Además, enfatizó que el cambio en las políticas de uso y consumo legal de la marihuana en Estados Unidos, brinda la oportunidad de dar un amplio debate en la materia, de cambiar de paradigma y “por qué no, en el corto plazo también abordar el mercado de la amapola con fines medicinales”, señaló.
La proposición del senador Armando Ríos Piter fue turnada a la Comisión de Salud del Senado de la República para su análisis.