El presidente Enrique Peña Nieto envió este viernes al Senado de la República las ternas de quienes habrán de integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, quienes terminan sus periodos el próximo 30 de noviembre.
En la primera terna están Norma Piña, Sara Patricia Orea y Verónica Judith Sánchez. En la segunda, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Álvaro Castro Estrada y Javier Laynez Potisek.
Mediante un oficio, el jefe del Ejecutivo federal hizo llegar al Senado las dos ternas para que, de ellas, los legisladores seleccionen un prospecto y el pleno vote. El legislador panista Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado, manifestó que se revisarán con objetividad las propuestas enviadas por Peña.
El Senado tiene hasta 30 días para realizar el proceso de selección. Si rechaza la totalidad de las ternas, el presidente de la República puede someter a consideración de los legisladores una segunda terna que también debe resolverse en un plazo máximo de 30 días. En caso de que esta segunda terna también sea rechazada, el mandatario puede designar de manera directa al ministro de la Corte que haga falta.
Sara Patricia Orea es magistrada de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes desde 2008. Nació en el Distrito Federal el 18 de febrero de 1959. Es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM en la licenciatura en derecho, tiene la maestría en política criminal, y máster internacional en derecho penal, Constitución y derechos por la Universidad de Barcelona y la UAM.
Ha sido profesora en el ITESM, el Inacipe, Universidad Iberoamericana y el IEJ del TSJDF. Laboró en la Coordinación General Jurídica del DDF, la Defensoría de Oficio adscrita a la Sexta Sala Penal de este Tribunal, la PGJDF y la Dirección General de Control de Procesos.
También ha sido agente del Ministerio Público, adscrita a la Octava Sala Penal y a la Sala auxiliar de este Tribunal, presidenta de la Primera Sala del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal y directora técnica y de Readaptación Social de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social.
Norma Lucía Piña Hernández es magistrada de circuito desde septiembre del 2000. Es egresada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también cursó sus estudios de maestría y doctorado. Tiene una especialidad en psicología social y comunicación por parte del Instituto Nacional de Ciencias de la Educación de Madrid, España. También en derecho constitucional y administrativo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y en derecho penal por la Universidad Panamericana.
Verónica Judith Sánchez Valle es magistrada de circuito desde junio pasado. Nació en Puruándiro, Michoacán, y estudió la licenciatura en derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Señalada por PGR
En 2011, la PGR la acusó a Sánchez Valle de supuestos delitos contra la administración de justicia, por haber liberado en 2009 a Osvaldo Sauceda Guerra, acusado de lavado de dinero y a quien las autoridades de Estados Unidos pedían su extradición.
Sánchez valle tiene además una maestría en derecho, impartida por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha sido oficial judicial y secretaria ejecutiva en el Juzgado Segundo de Distrito en Michoacán, así como oficial judicial, actuaria judicial y secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.
Álvaro Castro Estrada es egresado de la Escuela Libre de Derecho con maestría y doctorado por la UNAM, donde ha sido catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Desde 1987 es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y actualmente es director general de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Entre el 2012 y 2015 fue magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Antes se desempeñó como coordinador de asesores del secretario de Gobernación y como director general de Asociaciones Religiosas de 2001 a 2006. También fue subsecretario del Trabajo entre 2006 y 2010.
Alejandro Jaime Gómez es un abogado cercano a Peña Nieto, y actualmente es procurador general de justicia del Estado de México y exconsejero jurídico adjunto en el gobierno federal. Fue subprocurador jurídico mexiquense de 2010 a 2012, cuando Alfredo Castillo era el procurador y Peña Nieto el gobernador.
Antes, en el gobierno de Vicente Fox, fue consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Entre sus trabajos destacan haber participado en la formulación de las reformas al sistema de justicia penal, narcomenudeo, delitos financieros, derechos de autor y propiedad industrial. También en la negociación de instrumentos jurídicos internacionales en materia de cooperación y asistencia jurídica, derechos humanos y extradición.
Javier Laynez Potisek es magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; fue procurador fiscal de la Federación, así como consejero adjunto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.
Nació en Torreón, Coahuila, y es doctor en derecho por la Universidad de París XI Sceaux, maestro en administración fiscal por la Universidad de París IX Dauphine, maestro en derecho público por la Universidad de París XI Sceaux, así como licenciado en derecho por la Universidad Regiomontana.
Entre sus trabajos destaca la elaboración de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; además, participó en la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
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