Con una modificación al Código Penal del Estado el H. Congreso del Estado ha tipificado la conducta de servidores públicos que falten a su responsabilidad en materia forestal.
El pasado 28 de enero de este año se presentó una iniciativa con carácter de Decreto presentada por los diputados Gustavo Martínez Aguirre y Rosemberg Loera Chaparro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con la finalidad de reformar los artículos 359 y 360 del Código Penal del Estado, a efecto de tipificar la conducta de servidores públicos que falten a su responsabilidad en materia forestal; y con carácter de Punto de Acuerdo, con el propósito de exhortar a la PROFEPA, a la SEMARNAT, y a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, para que se intensificaran sus acciones con el fin de prevenir, detener y erradicar la tala y la comercialización ilegal de recursos maderables que afecta los ejidos y comunidades con vocación forestal de la sierra chihuahuense.
Esto por el hecho de que los bosques del Estado han representado un ingreso económico para nuestra entidad, y para ello lo ejemplifica mencionando que chihuahua se encuentra entre los 10 principales productores de madera en el país, situándose solo por detrás del estado de Durango y que esta producción ha ido a la baja con independencia del deterioro del bosque.
Con esta reforma se está aumentando la pena hasta en 10 años de prisión y tres mil veces el salario mínimo en los delitos que comúnmente se conocen como tala ilegal y tráfico o acopio de recursos forestales maderables, cuando en su autoría o participación, lo realicen servidores públicos que dentro de sus funciones este las de proteger el medio ambiente o las de prevenir, investigar o sancionar al o los responsables de estos delitos.
Por otra parte en cuanto al acuerdo propuesto por los iniciadores se considera, en un ambiente de concordancia con la reforma planteada, necesario hacer un llamado a las autoridades para que se destinen a la brevedad los recursos necesarios para que en materia de inspección y vigilancia de las actividades forestales, se intensifiquen sus acciones para coordinarse con la finalidad de prevenir, detener y erradicar la tala y la comercialización ilegal de recursos maderables que afecta los ejidos y comunidades con vocación forestal de la sierra chihuahuense, finalizó el diputado Rosemberg Loera Chaparro.
De acuerdo a datos de Greenpeace, se estima que en los últimos cinco años, el 70% de la madera comercializada en todo el país proviene de la tala ilegal, actividad que se ha convertido en el cuarto negocio ilegal. Por plantear solamente un dato de años recientes, se estima que en la región sur del estado podrían comercializarse, de manera ilegal, cerca de 2 millones de pies en madera en rollo anualmente por lo que, sólo ahí, la tala ilegal deja al mercado negro alrededor de 12 millones de pesos; y si se mantiene esta proporción en relación al número de hectáreas afectadas en todo el estado, la ganancia de la comercialización ilegal podría estar dejando 100 millones de pesos anuales, destruyendo gradualmente la naturaleza, y arrebatándole a los propietarios originales su riqueza sin beneficio para ellos, e incluso sometiéndolos a escenarios de temor por quienes realizan esa actividad.