En medio del escándalo por la renuncia de Arturo Escobar y Vega a su cargo en la Secretaría de Gobernación (Segob), por transgredir la Ley electoral como representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Instituto Nacional Electoral (INE) le dio ayer a ese instituto político 372 millones de pesos por concepto de prerrogativas públicas para 2016, 49 millones de pesos más del asignado en 2015.
Escobar y Vega anunció la noche del miércoles pasado que renunciaba a la Secretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, después de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) diera a conocer que pediría una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.
Luego de las denuncias en contra del PVEM y de la discusión para que incluso se le retirara el registro por violar la Ley Electoral, Escobar fue elegido por el Presidente Enrique Peña Nieto y por Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, para ocupar uno de los puestos más importantes dentro de esa dependencia.
Escobar fue vocero del Partido Verde, que en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI), postuló como su candidato en las elecciones de julio de 2012 al actual Jefe del Ejecutivo federal. El puesto de Subsecretario en la Secretaría de Gobernación es considerado por analistas, activistas y opositores al PRI un pago político del Gobierno federal a los favores electorales recibidos del PVEM.
LÍDERES CUESTIONAN SALIDA DE ESCOBAR
Analistas, políticos y legisladores coincidieron en que fue un error nombrarlo en el gobierno y señalaron que su renuncia profundiza el descrédito de las instituciones mexicanas y desnuda el encubrimiento del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del titular de esa dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, a un “delincuente electoral”.
El politólogo e historiador Lorenzo Meyer Cossío declaró en entrevista para SinEmbargo que sólo existe una respuesta a la noticia de la renuncia de Escobar: “Algo no cumplió de lo que se negoció y algo hay más en el fondo”.
Lorenzo Meyer Cossío explicó que con el escándalo de Escobar, el Gobierno federal asume un doble costo político: el que asumió cuando lo llevó a un puesto en donde incluso se burló de los mexicanos y ahora, al aceptar a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que es un presunto delincuente.
“El sacarlo de ese puesto implica otro costo político para el Presidente que ya había pagado un costo por poner a alguien, a la persona que tiene sospecha de haber cometido la ilegalidad. Si lo hubieran mantenido se hubiera diluido relativamente con el paso del tiempo y ahora, en el momento que tiene que renunciar, justamente por lo que todo el mundo sabía, por hechos ilegales, y uno dice: ¿el Presidente es un idiota, no se había dado cuenta? No, no puede ser esa la respuesta. El Presidente sabía bien, mejor que cualquiera, y si tiene que quitarlo quiere decir que está implícitamente admitiendo que cometió un error”, dijo Meyer Cossío.
Arturo Alvarado Mendoza, director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), coincidió con Meyer y dijo que ahora Osorio Chong deberá explicar por qué le dio una subsecretaría a alguien acusado de presuntos actos ilegales.
“¿Cómo es posible que el Secretario de Gobernación y el Presidente lo hayan nombrado para un puesto público tan importante, sin haber escuchado previamente y después, todavía haberlo ratificado? Había una especie de pacto político electoral. El Secretario de Gobernación tendrá que responder: Si usted es la cabeza de la legalidad en las actuaciones cívicas, ¿cómo pudo nombrar a este Subsecretario que ahora mismo tiene que renunciar para defenderse?”, cuestionó.
El especialista en partidos políticos Eduardo Huchim May opinó que en otros países los cargos que enfrenta Arturo Escobar hubieran bastado para que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, renunciara. Sin embargo, las características de México son distintas.
“En la designación del Subsecretario [Arturo Escobar] estuvo necesariamente involucrado el Presidente Enrique Peña Nieto, por lo que no necesariamente Osorio Chong tendría que renunciar. Sin embargo, sí pone en entre dicho que hayan colocado a alguien que al momento de su designación ya arrastraba con la denuncia”, explicó.
La directora de México Evalúa Edna Jaime Treviño dijo que el caso Escobar simplemente reitera o refrenda que fue una mala decisión “el que haya prevalecido un criterio de recompensa, un criterio de pagar por la alianza con el partido verde que desde un principio le salió muy caro por las críticas, y ahora se confirma que había razón en ellas”.
“Este año ha sido muy complicado en materia de prevención y seguramente se va ver reflejado, si de por sí ya era un programa en el proceso de madurez, que de ninguna manera podemos hablar de un política consolidada, pues ahora es un ámbito mucho más débil, donde los relevos, la ausencia de un Subsecretario por varios meses, y un nombramiento fallido sí están debilitando a la subsecretaría y los programas que se financian”, dijo Jaime Treviño.
Ayer, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que Arturo Escobar y Vega, ex Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, es un “chivo expiatorio” del Gobierno de Enrique Peña Nieto para “engañar que les interesa la legalidad”.
Legisladores consultados por SinEmbargo coincidieron en que la orden de aprehensión de la Fepade, una instancia con autonomía técnica, subordinada de la Procuraduría General de la República (PGR), rompió el encubrimiento que hace el Gobierno a sus allegados.
“Sería cuestionable que el Secretario de Gobernación si sabía o no que su Subsecretario nada más ni nada menos que el de Prevención del Delito estaba siendo investigado por cometer delitos. Lo que refleja es que es un grupo gobernante que se maneja como una pandilla cómplices”, dijo el Senador por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.
Sin Embargo