La fabricante estadounidense de cartuchos para impresora Lexmark despidió de una de sus maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua, a casi un centenar de trabajadores que buscaban un ajuste salarial de seis pesos diarios, informa el rotativo Zócalo.
“Fui despedida el miércoles. En recursos humanos me dijeron que mi contrato estaba rescindido porque violé los códigos de conducta de la maquila, y que por favor abandonara la planta porque ya no pertenecía a Lexmark. En eso llegó un guardia y me aventó”, dijo a este medio Miriam Delgado, obrera de 37 años y que tenía cinco años y siete meses de trabajar para la trasnacional.
Con ella fueron despedidos más de noventa empleados, informó la abogada Susana Prieto Terrazas, entre ellos los 78 firmantes de una solicitud de registro de un sindicato independiente que, el pasado 3 de noviembre, fue entregada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado.
En entrevista con SinEmbargo, la representante legal aseguró que los despidos fueron una represalia de la firma norteamericana ante el movimiento obrero iniciado en octubre, cuando más de mil 300 empleados se inconformaron por el incumplimiento de un aumento salarial.
El ajuste, agregó Prieto, era de 114 a 120 pesos diarios, cantidad esta última considerada como tope salarial para trabajadores con cinco o más años de experiencia en las líneas de producción de la firma. Pero al cumplirse el plazo para la mayor parte de los trabajadores, dijo la abogada, la empresa respondió que tenían que “recertificarse” de nuevo.
Ante la situación, informó, los trabajadores se organizaron y buscaron asesoría legal, pero encontraron que no podían proceder contra la negativa de Lexmark a cumplir con sus políticas internas de aumento, sino sólo a que les pagara el mínimo, que son 70.10 pesos diarios.
Así, el 3 de noviembre pasado, 78 de los empleados inconformes decidieron solicitar formalmente el registro de un sindicato ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para, en bloque, buscar mejoras salariales.
Fue entonces que empezó el hostigamiento, cuentan las entrevistadas. Entre otras formas, con un aumento a empleados nuevos y a quienes, para ejemplo de los disidentes, sí les pagaron los 120 pesos desde un inicio.
De acuerdo con Prieto, la medida de la empresa fue el detonante de un paro laboral realizado por unos 700 empleados los pasados días siete y ocho de diciembre; movimiento que también trató de dispersar la compañía.
“Hicieron paro técnico, todo el segundo turno; a las 3:30 de la tarde llegaron unos 700 empleados pero no arrancaron, y a las 5:40 los empezaron a evacuar, la empresa mandó llamar al transporte de personal, y sacaron a los trabajadores y les dijeron que les iban a pagar el día, pero que se fueran; esto, para que no se generalizara el movimiento. Al día siguiente, vuelven a parar y los vuelven a sacar a todos, pagándoles el día”, dije Prieto.
El jueves, finalmente, despidieron a quienes firmaron la solicitud para la creación del sindicato. “Fue una represalia”, dice Miriam Delgado. “Fuimos 700 los que paramos las líneas porque nos están pagando un salario miserable; fue la injusticia por la que paramos las líneas”, agregó vía telefónica desde el plantón que sostenían el jueves afuera de la fábrica, ubicada al suroriente de Ciudad Juárez.
De acuerdo con Prieto Terrazas, los despidos evidencian también la colusión entre la empresa y el Gobierno del estado, debido a que sólo la Junta de Conciliación y Arbitraje tenía el listado de quienes firmaron la petición.
“¿Por qué el Gobierno permite esto, si somos los trabajadores los que sacamos adelante a Ciudad Juárez, con nuestra mano de obra, para ganar una miseria?”, cuestionó Delgado.
“Nos dicen que tenemos que ensamblar 150 cartuchos por hora –o más de dos por minuto–, y si no, no sacamos el bono de producción, que es de 80 pesos a la semana. Pero si faltaba un compañero o ponían a alguien nuevo que tenía la otra pieza, o si a alguien le dolía una mano se atrasaba todo y ya no teníamos el bono”, agregó la hoy desempleada.
El Gobierno del Estado ha defendido a la empresa y acusado de “prácticas extorsivas” a los obreros organizados. De acuerdo con medios locales, en una comparecencia ante la comisión del Trabajo del Congreso, el Secretario del Trabajo, Fidel Pérez Romero, señaló que si bien había condiciones qué mejorar en la industria, los plantones no eran la vía.
“Las causas de los plantones en Ciudad Juárez son las prácticas extorsivas que han tomado algunos de los líderes sindicales para obtener beneficios, con las que no sólo han dañado a las empresas, sino a los propios trabajadores”, citó El Heraldo de Juárez al funcionario.
Fuente Zócalo.